Hay una estrecha relación entre la polémica que suscita la urbanización prevista en Son Bordoy y la pregunta por un modelo de ciudad que quiere adecuarse a una escala más humana. De todos modos, conviene antes detenerse en la genealogía de un proyecto que podría transformar la fisionomía del Molinar. Para empezar, la clave jurídica en que se basa la promoción de Son Bordoy Nou es consecuencia directa de la llamada Ley Carbonero, aprobada en los años del segundo Pacte de Progrés y que contemplaba una figura peculiar, denominada Reserva Estratégica de Suelo, la cual permitía una mayor edificabilidad en suelo rústico a cambio de promover las viviendas de protección oficial. Estas reservas de suelo se situaban por encima incluso de las competencias urbanísticas de los municipios, aunque se requería a los consistorios, como trámite obligatorio, un informe de carácter vinculante. En el caso de Son Bordoy Nou sucedió así y, de hecho, durante el mandato de la socialista Aina Calvo, el ayuntamiento de Palma exigió a la promotora notables restricciones en el desarrollo de la urbanización, que se concretaron en una reducción del número de viviendas previstas inicialmente por el Govern balear de 850 a 750, de las cuales 134 serían de protección oficial, 313 a precio tasado y las restantes a precio libre. La fuerte crisis financiera, que limitó de forma dramática el acceso al crédito promotor, paralizó el desarrollo urbanístico en Son Bordoy hasta que el resurgimiento inmobiliario en la ciudad -y la escasez de obra nueva- han vuelto a impulsar la demanda urbanística. Desde que Cort aprobase el nuevo proyecto presentado por la promotora, ajustándose a los requisitos anteriores del ayuntamiento, la pelota ha vuelto al tejado del Govern, que deberá tomar una decisión definitiva sobre la polémica urbanización. Un contundente informe del GOB, donde se alerta de la destrucción de una de las principales zonas rústicas del Molinar y se plantean sospechas sobre las conexiones de Son Bordoy, Sa Nostra y los socialistas de Balears, ha provocado la reacción inmediata de José Hila, teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, exigiendo al grupo ecologista que lleve a la fiscalía sus sospechas de corrupción. La presidenta Armengol también ha reaccionado con dureza antes estas acusaciones, alegando que hasta el momento "el proyecto no ha llegado al Govern".
En este punto, conviene sugerir dos consecuencias. Por un lado, se encuentran las acusaciones de corrupción aireadas por el GOB que, en todo caso, deben ser sustanciadas ante la fiscalía y los jueces, como bien ha subrayado el socialista José Hila. Por otro, el proyecto de urbanización de Son Bordoy Nou plantea ciertos interrogantes sobre el modelo de ciudad que se quiere y que no pueden ser respondidos con evasivas. ¿Las necesidades actuales de Palma son idénticas a las de hace una década? ¿Cabe seguir expandiéndose en zona rústica? ¿Encaja este crecimiento urbanístico con la solución a las dificultades que plantea el colapso circulatorio? ¿Resulta adecuado incrementar hasta en un 25 % la población potencial del Molinar con el desarrollo de una sola urbanización? Y, por otra parte, ¿cómo contener el precio de la vivienda si no es mediante políticas transversales que incluyan un estímulo de la oferta? Son cuestiones complejas que deben ser tratadas con rigor en el debate público, antes de proceder a la aprobación definitiva de nuevas urbanizaciones. Una reflexión que, en este caso, falta tanto en Cort como en el Govern.
