El gobierno, preventivamente, había pedido a Torra, apelando "al sentido común", que no propusiera como consejeros a personas que "estén en prisión o con órdenes de busca y captura" en España. Como es conocido, el gabinete que Torra ha elaborado al dictado de Puigdemont y con el incomprensible visto de bueno de Junqueras contiene a dos encarcelados y a dos prófugos de la justicia.
Ante esta clara provocación, el Gobierno ha emitido un duro comunicado en el que ha anunciado que el secretariado del Gobierno de España, competente para autorizar la publicación en el BOE del nuevo gobierno, analizará su viabilidad. También manifiesta que esta conducta demuestra que la voluntad de diálogo expresada en la carta que Torra remitió a Rajoy no es sincera. Y, de momento, se ha mantenido la vigencia del artículo 155, ya que la autorización del Senado especificaba que la intervención no cesaría hasta que el nuevo gobierno catalán tome posesión. Moncloa, que todavía está al frente de la Generalitat intervenida, estudia los pasos pertinentes ante el desafío.
Todo indica que empieza un forcejeo inquietante. Puigdemont y Torra juegan a la "restitución" del gobierno anterior (el disuelto por el 155), mientras ERC guarda silencio aunque es notoria su disconformidad. Con toda evidencia, este miércoles, una parte del nuevo gobierno no podrá tomar posesión porque los encarcelados estarán en prisión y los huidos en el extranjero, y la condición efectiva de consejero sólo se adquiere cuando se toma posesión físicamente del cargo. Lo previsible es que Torra aplique entonces el plan de recambio: otras personas ocuparán las cuatro consejerías vacantes, aunque, para mantener la ficción de la "restitución", probablemente sean llamados "comisionados" y no "consejeros", y ocuparán despachos distintos de los "héroes ausentes" criminalizados por el Estado.
Esta secuencia dará la pauta de la política obstruccionista que se dispone a practicar Torra, al dictado de Puigdemont. Las famosas tres líneas de acción sediciosa enunciadas por el president interior son conocidas: el espacio libre europeo (los movimientos de Puigdemont mientras esté en libertad); la instrumentalización de la Generalitat y los ayuntamientos (de eso se ocupará Torra en persona), y la movilización en la calle (a cargo de Ómnium y ANC, en un ámbito en que puede incluirse el activismo de TV3).
Si Torra renuncia, como es probable, a insistir en la designación de quienes no pueden ser nombrados -y que serán además inhabilitados pronto por el Supremo en cuanto las imputaciones adquieran firmeza-, la intervención cesará porque así lo dispone el mandato del Senado. Pero es improbable que llegue la pacificación: habrá entonces que aguardar acontecimientos ya que previsiblemente Torra se esmerará en cumplir su programa, que pasa por revertir las decisiones adoptadas estos meses por el Gobierno de la nación, para lo cual -según anunció- nombrará un comisionado especial; por reponer a las personas destituidas por el Gobierno de Estado, por intentar reabrir las "embajadas" catalanas cerradas que hacían proselitismo independentista y por rescatar las leyes inconstitucionales emanadas del Parlamento (básicamente, la pintoresca ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República).
El Estado tiene que actuar siempre cargado de razones, por lo que la nueva intervención que todos presentimos deberá ser subsiguiente a futuras violaciones objetivas de la legalidad, que llegarán sin falta. Harían bien sin embargo las tres formaciones constitucionalistas negociando la nueva medida, que deberá ser más firme y rigurosa que la anterior y que tendría que incluir la neutralización de los medios de comunicación públicos, que han sido activos propagandistas de la secesión y elementos indispensables del chantaje emocional que el soberanismo ha practicado con quienes no lo son para atemorizarlos y obligarles a guardar silencio. Los demócratas no podemos utilizar las mismas armas que los neonazis xenófobos y racistas de la escuela de Torra, pero sí tenemos que aplicar la Constitución con toda la fuerza de la legalidad.
