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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Lo legal y lo justo

El enfrentamiento de los partidos presentes en el Consell (¡incluyendo al PP!) con Maria Salom, la delegada del gobierno, a propósito del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el plus de la carrera profesional de los funcionarios de la administración local, suscita algunas reflexiones. De entrada habría que explicar que la justicia de una reivindicación como la de la carrera profesional (no dudo de la misma) y de la decisión política sobre ella, no implica necesariamente que se adecue a la legalidad. Lo justo pertenece al ámbito de lo subjetivo; lo legal al de lo objetivo. Siempre que lo subjetivo alcance la masa crítica de su apoyo social podrá aspirar a convertirse en medida legal y objetiva tras el acuerdo de la institución representativa competente. Desconozco si la decisión del Consell se ajusta o no a la legalidad. Pero lo que define, entre otras cosas, al Estado de derecho es, precisamente, la posibilidad de acudir a los tribunales por parte de cualquier sujeto de derecho en el caso de discrepar de una resolución de cualquier administración. Atacar el derecho de cualquiera a presentar un recurso contra una decisión administrativa es atacar al Estado de derecho. Si están tan seguros de la legalidad de la medida, ¿por qué se inquietan tanto por la presentación de un recurso? ¿No será que saben que está fuera de la legalidad?

El siempre populista y también nacionalista, Miquel Ensenyat, presidente del Consell (no olvidemos que el fondo mollar del asunto, más allá de lo justo, son unos miles de votos de los afectados), ha proclamado que "el recurso es un ataque del gobierno del Estado a un derecho laboral como la carrera profesional". Dice que le duele personalmente que el brazo ejecutor de la ofensiva contra los trabajadores sea de quien le precedió en el cargo. Añade que "atacar a los trabajadores es atacar a la ciudadanía, porque sin ellos no pueden los políticos dar todos los servicios que quieren; el recurso es una prueba de la animadversión al autogobierno; ni Salom ni el gobierno a quien representa demuestran creer en nuestras instituciones; fue el PP quien impulsó la carrera profesional en 2015; acude a los tribunales para retirar a los funcionarios aquello a lo que tienen derecho. Nos iría mejor que la expresidenta de Mallorca pensara más en los mallorquines que en agradar al gobierno de Madrit (sic)".

Que sea la misma persona que aprobó la medida la que presenta el recurso contra ella nos ilustra sobre la frivolidad electoralista de los políticos, de Salom y el PP, no sobre la sujeción a la legalidad de la medida. Pongo en duda que recurrir a los tribunales pueda interpretarse como un ataque a los trabajadores y mucho menos un ataque a la ciudadanía, una sinécdoque inadmisible. En la mente de todos están muchos ejemplos de las administraciones en que lo que ha prevalecido es asegurarse la paz social muy por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía, que es quien paga todo con sus impuestos. La pasión sectaria de Ensenyat aflora cuando reprocha a Salom pensar más en agradar al "gobierno de Madrit (sic)" que en los mallorquines. Todo el discurso político de Ensenyat es artificioso. Salom no representa a los mallorquines, es la delegada del gobierno de España en Balears.

Pero lo relevante en este asunto no es la posición del nacionalismo sino la del PP de Balears y de su renqueante líder, portador de una bomba de relojería que explotará antes de las elecciones. Titulaba este diario que el PP había "estallado" contra la delegada del gobierno (en realidad, contra Rajoy) y, en efecto, el PP votaba de forma entusiasta la moción aprobada en el Consell instando a la delegación del gobierno a respetar la autonomía de las administraciones locales y a retirar los recursos judiciales. Rovira, una lumbrera pepera, ha patentizado con clarividencia la indigencia democrática del PP balear: "No podemos aceptar que sea la Justicia quien decida en esta cuestión". El problema en el PP de Balears es que creen estar en los tiempos del PP "regionalista" y desideologizado de Gabriel Cañellas, sólo atento a los intereses. No hay que olvidar que uno de los principales impulsores de Company es el propio Cañellas. La autonomía de Cañellas respecto al PP estatal se escenificaba en los años de su esplendor electoral y en los años de plomo del PP en el Congreso. La primera discrepancia seria (túnel de Sóller) con Aznar se resolvió con la dimisión de Cañellas. Eran tiempos en que la ley de normalización lingüística y el decreto de mínimos no inquietaba a un partido que pactaba con el nacionalismo en el Majestic. Con Matas gobernando y Rajoy proclamando que el gobierno de Balears era el modelo a aplicar en el gobierno del Estado, el PP de Balears creyó poder reeditar la época de Cañellas. Con los resultados conocidos. La llegada al poder, digitado por Rajoy, de Bauzá, insultado en las redes por el desleal Company, con falsa identidad, fue un primer signo del cambio de los tiempos. Un espabilado Jaume Font, ninguneado por el farmacéutico de Marratxí, intenta reverdecer el antiguo proyecto regionalista fundando el PI frente a los nuevos vientos centralizadores. Los dirigentes del PP balear son, en realidad, aunque no lo sepan, discípulos de Font. No tienen aún carné del PI porque creen que los votos, y los cargos, y los sueldos, todavía seguirán recalando en el PP. Ignoran que después del movimiento secesionista catalán y de los excesos lingüísticos que han llevado a la opinión pública española a saber del desatino del catalán en la sanidad de Balears, ya no es posible el dulce disfrute del poder sin principios.

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