Los perdedores de las elecciones pretenden ganarlas en los tribunales. No hay democracia sin sometimiento a las leyes. Es cierto, pero su interpretación cambia de un juzgado al siguiente, del lunes al martes, de unos hechos a otros similares. Los fracasados buscan una fisura por la que recuperar la autoestima. Los ganadores ven como la acción política se frena en los peldaños del proceloso camino de las distintas instancias. Este país está colgado de la Justicia. No hablamos de flagrantes ilegalidades como declarar una independencia antes de irse de fin de semana a Girona. Solo de decisiones que no socavan los fundamentos del sistema.
Leo en la edición de Diario de Mallorca del martes una decena de titulares que trasladan a los jueces responsabilidades políticas.
El primero, se refiere a que el Estado recurrirá las ayudas que el ayuntamiento de Pollença otorga a los bares que redactan sus cartas en catalán. Para sorpresa del alcalde, Miquel Àngel March, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que la ciudad que se alineó con Carlos V frente a los rebeldes forans ahora pretende "eliminar" el castellano. Puro politiqueo. Cuando el PP dirigía el consistorio aprobó subvenciones similares sin que nadie moviera un dedo.
El Gobierno central ha olvidado el deber constitucional fijado en el artículo 3.3: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". El Alto Tribunal ha rectificado en sus casi cuatro décadas de historia su posición sobre lo aprobado en referéndum. Los magistrados consideran ahora que legisladores y ciudadanos se equivocaron. Por eso han acomodado su doctrina a la situación política. Nada que no ocurra en otros lares. También populares y Albert Rivera presumen de superhéroes contra el catalán. Aunque no tanto cuando se trata del euskera o el gallego.
La decisión gubernamental ha irritado a la izquierda y reabierto una grieta entre los populares de Balears. Mientras la delegada del Gobierno, María Salom, apoya el recurso, Biel Company y el sector regionalista del PP recuerdan la debacle a que les condujo la regresión lingüística impulsada por José Ramón Bauzá. El avispero estaba revuelto y han venido de Madrid a alborotarlo aún más.
Las declaraciones de la mujer que ocuparía la silla de Company si el PP tuviese opciones de arrasar en 2019 confirmaron ayer que el recurso no es una cuestión jurídica. El problema, según Salom, es "la sobredimensión del nacionalismo en Balears". Es decir, la gente se equivoca al votar, pero ahí están los políticos que recurren a los jueces para corregir a los ciudadanos. Se intuía, pero nadie podía imaginar que se reconocería con tanto descaro.
Otro titular judicial de la decena publicados el martes. "La escuela concertada recurre la reserva de plazas escolares para inmigrantes". ¿Son los jueces quienes tienen que decidir sobre la forma de distribuir a los estudiantes llegados con la inmigración?, ¿teniendo en cuenta que la enseñanza concertada se paga con dinero público, no son los ciudadanos los que deciden con su sufragio?, ¿no es este un ejemplo de gobierno de los jueces?
Se dirimen en los tribunales demasiadas cuestiones solventadas en las urnas. Es incompatible con la democracia rearbitrar el voto en los tribunales. Los jueces solo deben sustituir al poder Ejecutivo y al legislativo en asuntos de gran calado. Se escapa a su mandato suspender el rescate del túnel de Sóller aunque se cometa un error político. O autorizar urbanizaciones que un gobierno pretende desclasificar. O cambiar la ley de incompatibilidades aprobada por el Parlament.
Y, mientras, el sistema judicial hace política, veinte trabajadores de Cobra subrogados de forma supuestamente fraudulenta han visto aplazado el juicio tres veces y la nueva vista se ha fijado para el mes de febrero de 2019. Y este es otro deplorable titular del martes.
