El catalanismo político, derivado del regionalismo romántico de finales del XIX que arrancó en su versión moderna a principios del siglo XX con Prat de la Riba, heredero de la Renaixença, tomó parte activa en la Transición española de la mano de Jordi Pujol, al frente de sectores mayoritarios de la sociedad catalana, que pretendían recuperar pacíficamente las características de su identidad anuladas e incluso perseguidas por la dictadura. El nacionalismo catalán, entonces moderado, participó como es bien conocido en el proceso constituyente por obra de Miquel Roca, quien fue el principal impulsor del estado de las autonomías, que daba cómoda acogida a una Cataluña que disfrutaría de la mayor autonomía política de su secular historia, que se remonta a los arcanos medievales.
Pujol permaneció en el poder, al frente de la Generalitat, 23 años, durante los cuales la cooperación con el Estado fue en líneas generales satisfactoria. Cataluña contribuyó a la gobernabilidad y, por supuesto, al progreso general del país. Pero el nacionalismo, en parte por iniciativa propia y en parte como reacción a los errores del irrefrenable centralismo españolista, fue endureciéndose, de forma que al retirarse Pujol -todavía como un autonomista- se produjo el desleal viraje del catalanismo al independentismo. El descubrimiento de graves focos de corrupción, que había medrado en las intimidades del núcleo más catalanista y afectaba incluso a la familia Pujol, agrió aquella corriente, que fue saliendo de los carriles constitucionales, hasta los acontecimientos recientes que, a partir del referéndum ilegal del 9N de 2014, se desarrollaron por vías abiertamente ilegales, características de un verdadero golpe de Estado blando.
Tal deslizamiento político desde el catalanismo pacífico integrado de buena fe en el marco constitucional y estatal al independentismo rupturista y decidido a quebrar la legalidad ha tenido un parangón pedagógico. El adoctrinamiento en la escuela pública y en los sectores favorables de la privada ha sido una herramienta del nacionalismo para atraer a la opinión pública, generar un clima favorable y escribir un relato falso pero épico que soportase la tentativa separatista.
El Estado, casi ausente en Cataluña, ha sido incapaz de frenar esta deriva en lo que tiene de inmoral e ilegítima. El falseamiento consciente de la verdad histórica para extender la versión falsaria de una Cataluña víctima de la proterva España imperialista es sencillamente un crimen, además de una deshonestidad. La ANECA, que cuida de la calidad de la educación, debió haber tomado cartas técnicas en el asunto, con el respaldo político del ministerio de Educación. Nada se ha hecho, ni parece que el actual Ejecutivo haya reunido arrestos suficientes para desenmascarar la gran mixtificación realizada y corregir el entuerto adecuadamente. La verdad histórica es subjetiva, pero dentro de ciertos límites.
El siguiente paso, más reciente y si cabe todavía más grave, en esta misma dirección ha sido la implicación de una parte del profesorado catalán en la marginalización de los alumnos hijos de miembros de agentes de la seguridad del Estado. Ahora sí, los tribunales y el Gobierno están investigando la actuación de 53 centros catalanes por "delito de odio"; entre ellos, destaca la actuación detestable de nueve profesores denunciados en el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca y de ocho docentes en el instituto de La Seo d'Urgell. El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, entregado al soberanismo, se ha interesado por los derechos de los acusados pero resta importancia a la postergación de los adolescentes, e incluso ha llegado a criticar que los padres hayan denunciado los hechos en vía penal en lugar de avenirse a arreglar el asunto en el seno de las instituciones docentes.
Manipular a los niños para defender utopías revolucionarias o rupturas identitarias es, como mínimo, una gran vileza que debe sacarse a la luz -algunos periodistas que han relatado los hechos han sido crucificados por algunos energúmenos nacionalistas- y que ha de ser valorada por los tribunales. Porque el adoctrinamiento y la humillación del discrepante exceden de la polémica entre nacionalistas y no nacionalistas ya que se imbrican directamente en la dialéctica entre democracia y fascismo.
