¿Usted qué haría si le ofrecieran la posibilidad de ganar 1.800 euros por fingir un dolor de estómago? Como deduzco que forma parte de ese 99,9% de ciudadanos honrados que son el orgullo de nuestra sociedad, doy por sentado que se negaría rotundamente a ser cómplice de un fraude, eso suponiendo que no le pasara inadvertido el hecho de que lo es. Podría preguntarle si denunciaría ese fraude o si por el contrario evitaría meterse en líos, pero no es cuestión de añadir más consternación a la cruda realidad del género humano. Así que pongamos tan solo que tal proposición lucrativa despierta sus dudas más trascendentales y que a partir de entonces empieza a sospechar que la acidez de estómago de anoche era más bien un dolor agudo de tripa y que sus últimas heces no tenían la consistencia normal y entonces hasta puede que le den arcadas imaginarias. Cualquier empacho se convierte en envenenamiento en décimas de segundo con solo una pizca de sugestión.
Los juzgados de Palma han acogido esta semana la declaración de la supuesta cabecilla de una trama de reclamaciones a hoteles de Balears por falsas intoxicaciones. En torno a esta red engordaban su negocio varios despachos de abogados del Reino Unido. El Gobierno del aquél país elabora ahora legislación en varios frentes para detener un fenómeno que se había normalizado hasta el punto de anunciarse comercialmente a plena luz del día -como hacen ya algunas agencias de seguridad con los servicios de desahucio extraoficial de inquilinos morosos- y sin que durante algunos años nadie se llevara demasiado las manos a la cabeza. Los hoteleros calculan que desde 2014 habrán perdido unos 60 millones de euros, porque los operadores turísticos acababan por desistir de la vía judicial para ahorrarse el coste del litigio y abonaban directamente las indemnizaciones a los demandantes. Hasta 2017 no denunciaron. Tenemos ya todas las cartas para la estafa perfecta.
Este caso es un ejemplo de que la convivencia se basa en la ley coste-ganancia y no en la confianza. Podemos poner otros; Turismo dispone de quince inspectores para 400.000 plazas vacacionales. Juzgar su número suficiente o deficitario es una cuestión absolutamente subjectiva, porque ¿cuánta vigilancia cuesta que confiemos en que las cosas se hacen correctamente? Como advirtió el diputado Carlos Saura el otro día en el Parlament, "las sanciones para las grandes comercializadoras no son más que cosquillas". Y por eso mismo también decía estos días el portavoz de una plataforma vecinal que el alquiler turístico es imparable por muchos obstáculos que traten de ponerle.
Todos sopesamos los beneficios y las pérdidas a la hora de rebasar las líneas rojas y todos en algún momento nos sentimos tentados o reunimos la suficiente valentía para traspasarlas por el motivo que sea. Así que al final son la resistencia a esa tentación o la cobardía las que delimitan la fe en que, salvo contadas excepciones, nadie vulnerará las normas. Pero la fe es un elemento frágil para hacer de ella jurisprudencia. En un mundo en que conviven intereses contrarios, y en el que incluso a veces estos se conjuran paradójicamente para sostener un timo, fraude, dolo o ilegalidad, la realidad es que cada persona necesitaría tener susurrándole al oido a su propio Pepito Grillo, ese mismo al que amordazaron en su día quienes hoy se enfrentan a condenas por corrupción. Lo cierto es que no somos de fiar.
¿Cuánto cuesta la confianza? En el caso de las intoxicaciones falsas, se habla de abogados que trataron de lucrarse, tiqueteros e intermediarios que captaban clientes con cara de saber impostar un brote de salmonelosis, una legislación laxa y unos empresarios que durante un tiempo miraron hacia otro lado. Pero también hubo necesariamente personas que habían viajado a otro país para pasar sus vacaciones y que aceptaron el juego y accedieron a mentir a sabiendas de que lo hacían, con la promesa de ganar un dinero extra. A los demás no nos parece nada normal que lo hicieran, incluso puede indignarnos, pero luego nos da por manipular los contadores de Gesa. En Balears el año pasado se detectaron casi 2.000 casos de fraude eléctrico en viviendas y negocios y se recuperaron tantos kilowatios defraudados como los que se consumen en seis meses en una ciudad como Palma. Sin mecanismos legales que sancionen la picaresca ni custodios que ejecuten esas multas, ¿estamos a salvo de ser nosotros mismos unos tramposos? Cada estafa precisa de al menos un necio en potencia. Así que medite bien la respuesta; ¿qué haría usted si pudiera ganar 1.800 euros por fingir un dolor de estómago?
