En Francia, como es sabido, las pensiones se pagan con un impuesto finalista, la Contribución Social Generalizada (CSG), que grava toda las rentas, salariales y del capital. La tarifa de este impuesto ha sido acomodándose a la evolución del sistema de pensiones, que, como es lógico, tiene problemas demográficos parecidos a los nuestros. En general, las pensiones son más altas que en España, pero también los salarios, por lo que el poder adquisitivo de nuestros pensionistas sería algo superior a los franceses.
Cuando se instauró el CGS, en 1991, la tasa del gravamen era del 1,1%, pero la sostenibilidad del sistema ha ido incrementando la contribución: desde 2005, los salarios son gravados con una tasa del 7,5%, las rentas del capital con una del 8,2% y las propias pensiones con una del 6,6% (si la pensión se halla en la horquilla entre 10.997 y 14.374 euros anuales, paga el 3,8%). A partir de este año, se prevé una nueva subida (los salarios se gravarían con el 8,2%).
A los más liberales no les gusta la fórmula, pero es transparente y clara: si el consenso político y social cree que los pensionistas deben mantener su poder adquisitivo, los políticos no tendrán inconveniente en ajustar el gravamen a esta condición. Y al contrario: habrá que ver si algún partido propone en su programa recortes sistemáticos a los pensionistas.
