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Joaquín Rábago

360 grados

Joaquín Rábago

De cómo se cercenan nuestras libertades

Con el pretexto de la amenaza terrorista, cada vez más Estados van cercenando poco a poco las libertades ciudadanas y sobre todo el derecho, fundamental en una democracia, a la libertad de expresión. Lo vemos continuamente en España con sanciones incluso tan graves como es la privación de libertad impuesta a personas a las que se acusa demasiado gratuitamente de exaltación del terrorismo por una canción, un chiste o una pantomima.

Pero también, por ejemplo, en la vecina Francia con un presidente como Emmanuel Macron que presume de liberal pero que no ha dudado en incorporar al código penal el estado de excepción decretado por su predecesor socialista a raíz de los atentados de París. El país que proclamó en 1789 la declaración de derechos del hombre y el ciudadano ha terminado convirtiéndose en un ejemplo negativo de represión de esos mismos derechos y libertades.

Así, la nueva legislación antiterrorista posibilita llevar a cabo registros domiciliarios o incluso cerrar lugares de culto por decisión del prefecto de la policía, es decir sin intervención de un juez. Y basta la simple sospecha de peligrosidad, aunque se carezca muchas veces de indicios reales, para colocar a un individuo bajo arresto domiciliario u obligarle a presentarse diariamente a la policía.

Según un informe de Amnistía Internacional sobre el derecho de manifestación en Francia, las autoridades han abusado reiteradamente del estado de excepción para objetivos exclusivamente políticos. Así, con motivo de la cumbre del clima de París celebrada en diciembre de 2015 se sometió a arresto domiciliario como sospechosos de terrorismo a 24 activistas del movimiento ecologista.

Algo parecido ocurrió a raíz de las protestas contra la reforma de las leyes laborales decididas por Macron cuando ocupaba todavía el cargo de ministro de Economía del Gobierno socialista de François Hollande. A más de seiscientas personas se les prohibió manifestarse públicamente contra una reforma que los trabajadores consideraban lesiva de sus derechos, algo que por supuesto nada tenía que ver con actividades terroristas. El propio presidente Hollande llegó a reconocer en una ocasión que si no se hubiesen producido los atentados terroristas en su país, le habría sido muy difícil al Gobierno actuar contra quienes ocuparon unos terrenos en la región de Notre-Dame-des-Landes para impedir la construcción de un aeropuerto.

Consciente de que sus reformas laborales iban a dar lugar a nuevas protestas tras su llegada al Elíseo, Macron decidió hacer de la excepción una regla y, en lugar de prolongar el estado de excepción de su predecesor, optó por integrar algunas de esas medidas en la legislación ordinaria. A comienzos del pasado mes de octubre, el Gobierno francés presentó al Senado una llamada "ley para la seguridad interior y contra el terrorismo", con la que, según el ex director de Le Monde y fundador del diario digital Mediapart Edwy Plenel, Francia decía adiós al "el Estado de derecho que conocíamos".

La nueva legislación antiterrorista permite, entre otras cosas, controlar y cachear en aeropuertos o estaciones ferroviarias a personas que levanten sospechas sólo por su aspecto. Prácticas como la del "perfilado racial" son frecuentes allí desde hace tiempo, pero la diferencia es que ahora tienen una base legal, lo que impide a sus víctimas inocentes protestar contra tal discriminación.

Como señala el filósofo italiano Giorgio Agamben, la fórmula "por motivos de seguridad" funciona "como un argumento de autoridad que impide todo debate y permite imponer medidas que en otro caso no se aceptarían".

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