El nacionalismo cultiva sus elementos mágicos (sin ellos no sería casi nada), y ahora el soberanismo catalán estimula el culto al líder del irredentismo, el que tuvo el coraje de "casi" proclamar la República Catalana y el que encabezaba la lista ganadora en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Puigdemont, temeroso de acabar en el sumidero de la historia (realmente, está a un paso de ello), se cuida de guardar celosamente su legitimidad, que es un intangible sin contraste ya que el régimen autonómico catalán no es presidencialista: el presidente de la Generalitat alcanza el cargo mediante una elección de segundo grado, y no necesariamente ha de corresponder al cabeza de lista más votada del nacionalismo mayoritario. De hecho, Puigdemont ni siquiera ganó las elecciones: lo hizo Arrimadas, aunque esta evidencia, que pesa como una losa sobre el papanatismo victimista, irrite sobremanera a los independentistas genuinos, que seguramente no entienden tamaña deslealtad del electorado.
Lo cierto es que Puigdemont se cierra obstinadamente en banda a ser sustituido. A la reunión de Berlín del pasado sábado, las gentes del PDeCat y de ERC acudieron creyendo que se desbloquearían la situación, que al fin Puigdemont, para evitar una repetición de elecciones, accedería a dejar paso a otro candidato, que, en virtud del artículo 67.2 del estatut de autonomía vigente, debe ser forzosamente miembro del Parlament. Pero no ha sido así.
De hecho, los optimistas no tenían en cuenta que el Parlament, a instancias del propio Puigdemont, había sacado adelante la ley de la Presidencia el viernes, la víspera de la visita a Berlín. Torrent se había saltado la advertencia expresa del Tribunal Constitucional (en un acto de desobediencia que podría tener incluso consecuencia penales) y la norma está siendo recurrida por el Gobierno de la nación (se ha pedido el preceptivo informe al Consejo de Estado), lo que garantiza de hecho que decaerá inmediatamente. Se trata, pues, de conseguir que no cese la sucesión de marrullerías para que la situación catalana se mantenga en tensión, no avance la normalización y no se olvide el asunto en el ámbito internacional.
El intento imposible de investir "a distancia" a Puigdemont tiene plazo designado: hasta el día 14 de mayo. Si para entonces no ha podido tener lugar, se intentaría con otro candidato porque -se asegura hipócritamente- JxCat no quiere nuevas elecciones. Y puesto que el límite para proceder a la investidura concluye el 22 de mayo (de no estar cubierto el cargo para entonces quedará automáticamente convocada la consulta), aún quedaría tiempo -se asegura- para un último intento, con Jordi Sánchez u otro. Es decir, que en la práctica se descarta la normalización porque ni siquiera se plantea la única posibilidad de que se produzca: la investidura de un candidato sin cuentas pendientes con la Justicia.
En realidad, esta última opción tampoco es fácil ya que, si prospera el recurso contra la delegación de los votos de los prófugos Puigdemont y Comin que ha presentado Ciudadanos, el concurso de la CUP sería indispensable para la investidura, y es altamente improbable que los antisistema apoyen a un candidato "limpio".
La conclusión es clara: el soberanismo pretende mantener indefinidamente la inestabilidad, con elecciones sucesivas, que previsiblemente arrojarán resultados casi idénticos. De forma que la zozobra podría durar años. Y en estas circunstancias, hay que formular la pregunta inevitable: ¿tiene sentido que el Estado se pliegue a esta arbitrariedad, que desgasta la política general, impide la normalización social y económica de Cataluña, etc.?
El artículo 155 ofrece un amplio margen de intervención del Estado en la autonomía catalana. Quizá fuera preciso detener el carrusel, abrir un plazo de tiempo para la reflexión (y para el desarrollo de los procesos judiciales) y aplazar por tanto las elecciones autonómicas varios meses para que se asienten las circunstancias de futuro. No tiene sentido preguntar de nuevo a los catalanes lo mismo a lo que ya respondieron hace cinco meses.
