El nuevo ministro de Economía y Competitividad, Román Escolano, poco conocido aquí porque ha prestado largos servicios en Europa, mandó la pasada semana a Bruselas la propuesta española para la reforma de la zona euro, que se debatirá en la trascendental cumbre de la UE del 28 y el 29 de junio. Y las críticas han sido abundantes por la escasa ambición de los avances que se pretenden, en una línea totalmente contraria a la tradición de nuestro país. Desde su ingreso en la UE en 1986, España siempre ha formado parte de la vanguardia integracionista, entre otras razones porque la pertenencia a una Europa lo más federalizada posible nos beneficia, ya que nos protege de los riesgos derivados de nuestra crónica debilidad. La vulnerabilidad española, que quedó de manifiesto en la doble crisis -financiera y de deuda- de la que estamos saliendo todavía proviene de su elevada deuda, de su modelo productivo desequilibrado y sujeto a riesgos aleatorios (basado en el ladrillo y el turismo), por su gran dependencia energética, por su escasa inversión en innovación y por su baja productividad sistémica€ De ahí que sea deseable avanzar en el fortalecimiento del euro, en la unión bancaria y en la generación de un presupuesto común gestionado por un ministro de Economía comunitario.
Economía ha explicado que la tibia propuesta española es un intento de conciliación entre los países del norte y los del sur, cuyas diferencias enconadas bloquean la reforma de la eurozona. Los primeros, cuyo líder es ahora el holandés Mark Rutte, rechazan transferir más poder o dinero a la UE. Se limitan a proponer disciplina fiscal y reformas a nivel nacional. Los segundos, con Macron al frente, propugnan que hacen falta más instrumentos europeos para asistir a los países en crisis, dado que la pertenencia a la eurozona les impide recurrir a las devaluaciones competitivas.
No parece que la táctica de la equidistancia sea acertada cuando lo que se pretende es desbordar las tesis de los países ricos para que el sur de Europa esté protegido cuando fatalmente cambie el signo del ciclo económico. En la tradición española, seguida tanto por el PP como por el PSOE en los treinta años de pertenencia europea, estaba la propuesta más audaz frente a las recesiones: conversión del MEDE -el Mecanismo Europeo de Estabilidad- en un Fondo Monetario Europeo a imagen y semejante del FMI; incrementar la capacidad presupuestaria de la eurozona (con una elevación de varias décimas de la participación en el PIB) que quedaría a cargo de un ministro de Economía; un Tesoro común, con posibilidad de emitir eurobonos en un futuro no demasiado lejano, etc. Todo ello además de nuevos avances en la unión bancaria, que deberá dotarse de un fondo de garantía de depósitos suficiente para prevenir nuevos desequilibrios. En febrero de 2017, la propuesta española de reforma hablaba de crear un Tesoro europeo a largo plazo "con cierto grado de mutualización de deuda"; ahora apenas se sugieren unos "instrumentos fiscales" también a largo plazo. Algo mas de encarnadura tiene la propuesta en lo tocante a la capacidad fiscal para estabilizar economías que entren en recesión ya que a la idea de crear un mecanismo de seguro que apoye financieramente a los Estados con problemas se añade una nueva facilidad de préstamo/inversión a través del BEI para mantener la inversión durante las crisis.
Escolano sabe perfectamente que el ímpetu de Macron será debidamente moderado por Merkel (y, de hecho, en la reunión reciente entre ambos ya quedó claro que Alemania no se lanzaría a una aventura arriesgada), pero la moderación excesiva a estas alturas no sólo no aporta nada al debate sino que debilita a quienes proponen los pequeños avances frente al inmovilismo nórdico. No nos engañemos: la UE interesa sobre todo al sur, aunque el norte deba también sacar ventajas del proceso centrípeto y se avenga a pagar un precio por ellas.
