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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

El hundimiento

Ya va para muchos años que anunciamos la realidad del colapso del sistema político español. Los últimos años del gobierno de Zapatero y los siete que llevamos del gobierno del PP, apechugando con la crisis económica, la corrupción sistémica, el recambio monárquico y los embates del nacionalismo catalán, son años en los que las ligaduras establecidas en la Constitución y los intereses de las oligarquías partidarias se han impuesto a las demandas de solución de la crisis de representatividad política a la que nos ha llevado la partitocracia. Incapaz hasta ahora de reformarse a sí mismo, el sistema político, ante el estallido del 15M, sólo ha sido capaz de generar dos movimientos espasmódicos, el que ha dado lugar a dos nuevos partidos, Ciudadanos y Unidos Podemos, y el que ha dado paso al intento de golpe de Estado del nacionalismo catalán. Ambos han introducido a nuevos protagonistas en la lucha por el establecimiento de un nuevo sistema político. Las encuestas demoscópicas anuncian el brutal desgaste del PP sobrepasado por C's. La cuestión estriba en si los nuevos partidos, tal como parece por sus propuestas de sistema electoral, persiguen la simple sustitución de lo existente, prorrogando indefinidamente la partitocracia como sistema y una democracia muy imperfecta, o se vean sobrepasados por la exigencia de una democracia en la que el poder radique en la ciudadanía merced a la elección directa de sus representantes.

Hasta que podamos intuir la dirección hacia la que vamos a dirigirnos, seremos testigos del desmoronamiento del partido en el poder. El gobierno del PP está dando muestras sobradas de su incapacidad para hacer frente a los más graves retos que tenemos planteados como país, al tiempo que ofrece el impúdico espectáculo de su descomposición interna, de la maloliente ciénaga en la que chapotean sus dirigentes. Ya no se trata de Balears, ni Murcia, ni Alicante, ni Valencia ni Castilla y León, es en Madrid, cuna de la Gürtel, Lezo, Canal de Isabel II, Púnica, donde se ha escenificado, con el escándalo de las mentiras de la expresidenta Cifuentes, la miseria, la endogamia, el mandarinismo y la corrupción de la universidad española y las luchas mafiosas instaladas bajo la carpa del partido de la derecha en conexión con los poderes mediáticos en prensa y televisión. Son manadas de lobos enfrentadas por el territorio y la comida. El jefe de La Razón, Mauricio Casals, lo había anunciado, a raíz del caso Lezo, refiriéndose a Cifuentes, "esta mujer las va a pasar muy putas". Cifuentes negó las presiones, pensando que así resistía, cuando sólo demoraba unas semanas un final ignominioso. Como en el caso de Rita Barberá, pasaron, en cuestión de horas, de defenderla a ajusticiarla. Su cleptomanía era conocida por todos los que la promocionaron, Rajoy en primer lugar.

El episodio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando sin prueba alguna al magistrado González, autor del voto particular de la sentencia de La Manada como una persona con un problema singular que "todo el mundo conocía", a la que el Consejo General del Poder Judicial debería haber impedido el ejercicio jurisdiccional, es un directo ataque al principio de la división de poderes en un Estado democrático. Todo por el pavor del ejecutivo ante las multitudinarias manifestaciones de mujeres en España y en el extranjero por la calificación de abuso sexual en lugar de agresión sexual. Y por la generalizada percepción de que la redacción del voto particular desprendía el putrefacto aroma del más rancio machismo. El ministro pretendió encabezar la manifestación y poner a salvo al gobierno y al PP con una desfachatez populista impropia de un gobernante democrático. Como una sola voz, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales han pedido la dimisión de un ministro que, por sus anteriores intromisiones en procesos judiciales, en el caso del presidente de Murcia, del PP, hasta el nombramiento del fiscal Manuel Moix, el deseado por Zaplana e Ignacio González, ya había sido reprobado por el Congreso. Como si estuviéramos en un mundo al revés, el PSOE, un partido catatónico cuyo secretario general está desaparecido desde hace bastantes meses, por boca de su inefable portavoz, la magistrada Margarita Robles, ha hecho saber su coincidencia con las palabras del ministro.

Pero si pensábamos que nuestra capacidad de sorpresa estaba agotada por la surrealista defensa por parte de Montoro de los golpistas del nacionalismo catalán, afirmando que no había habido financiación pública del referéndum del uno de octubre, en contra de la acusación de Llarena de malversación de caudales públicos, una de las dos principales acusaciones contra Puigdemont en la Euroorden de detención dirigida a la justicia alemana, Rajoy nos ha convencido de que todo se puede empeorar. Si ya intentó liberar a Forn vía los fiscales y, enfrentándose a los jueces, a los que pasó el marrón independentista, levantar el 151 para obtener el voto del PNV para los presupuestos, ahora, al margen de los ministros Montoro y Báñez, que se han desgañitado intentando convencernos de que el incremento del 0,25% de las pensiones estaba vinculado con la aplicación del criterio de sostenibilidad el año 2019, de acuerdo con la Comisión Europea; después de que por las presiones de C's se hubiera aceptado el incremento del 3% de las pensiones más bajas, va Rajoy y, para asegurarse la aprobación de los presupuestos y su presidencia del gobierno un año más, pacta con el presidente del PNV una subida del 1,6% para 2018 y el IPC para 2019, liquidando su propia reforma de 2013. Le importan una higa el futuro de las pensiones y la carga sobre las generaciones en activo. Es un irresponsable, viniendo de donde venimos. Ni Zapatero fue capaz de tan alto grado de populismo e irresponsabilidad; sólo le interesa mantenerse en el poder. Rajoy es una vergüenza para este desgraciado país.

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