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Daniel Capó

Las cuentas de la vida

Daniel Capó

Funcionarios a la baja

Una democracia que se construye sobre prejuicios ideológicos y frases hechas es una democracia endeble. Hay mucho de frivolidad interesada en la crítica a los funcionarios.

Las frases hechas y los eslóganes repetidos marcan las líneas del pensamiento social. Las modas definen las demandas ciudadanas, muy a menudo sin datos que avalen la efectividad de tales corrientes ideológicas. Un ejemplo claro lo tenemos en el discurso educativo predominante, cada vez más alejado de los estándares de calidad que se aplican en otros países. Se denomina neurociencia, lo que no pasan de ser teorías cognitivas poco contrastadas -por ejemplo, las discutibles "inteligencias múltiples"- o se desdeña la memoria de una forma ridículamente maniquea, como si no fuera una herramienta necesaria para la comprensión. Se pone en duda la validez de las metodologías cuantitativas de análisis -los famosos informes PISA-, sin ofrecernos a cambio nada mucho más sólido que alguna variante de moralina pedagógica. La apelación continua al estímulo del pensamiento crítico en las escuelas va de la mano de la corrección política como marco indiscutible de valores. La autosatisfacción presuntuosa es característica del eslogan en el que se enjuicia a los demás con la seguridad que proporcionan los sentimientos fuertes. De esto van también los nuevos populismos.

Otro ejemplo lo encontramos en el funcionariado, que suele servir de chivo expiatorio para el sector privado. Según este discurso, los funcionarios son poco productivos, nada flexibles, disfrutan de condiciones privilegiadas de trabajo y sus elevados sueldos no responden a los precios de mercado. Como sucede con cualquier simplificación, la mentira se mezcla con la verdad y se enmascara con ella. Resulta creíble precisamente porque alimenta nuestros prejuicios y los confirma. Si la realidad es más matizada, importa ya poco. Los juicios se pueden emitir contra toda evidencia.

La experiencia de las privatizaciones en España no mueve al optimismo. ¿Cuál ha sido el resultado de entregar al sector privado media sanidad madrileña? ¿Ha mejorado la limpieza de los municipios y el resto de servicios públicos con la gestión privada? ¿Las residencias de la tercera edad, los centros de día o las guarderías funcionan mejor? ¿Y el mantenimiento de las carreteras? Por supuesto, no es lo mismo privatizar que abrir el mercado a la competencia. Ni cabe juzgar todas las privatizaciones bajo un mismo prisma. Hay países con economías extraordinariamente abiertas que mantienen un sólido sector público -Suecia, por ejemplo- y otros -los anglosajones, por citar el caso más conocido- que huyen del funcionariado. Los modelos sociales no son idénticos. Y los resultados en términos de cohesión tampoco.

El TSJIB ha decidido paralizar la conocida como "carrera profesional" de los funcionarios del Consell de Mallorca, igual que antes lo había hecho con los complementos salariales pactados con los trabajadores de Cort. Sin duda, tendrá sus motivaciones jurídicas y, además, la decisión encaja en el largo camino de consolidación presupuestaria exigida por Bruselas. Pero el problema de fondo sigue siendo la gestión de los recursos humanos en la administración pública cuando prima el encorsetamiento y la rigidez. ¿Son eficaces los modelos de selección? ¿Se ajustan a las necesidades de una economía moderna? Y, por otra parte, ¿cómo se traza el camino de mejora salarial -y de asunción de responsabilidades- a lo largo de una amplia carrera profesional que puede llegar a sobrepasar los treinta años? La decisión de suspender los complementos salariales, seguramente ajustada a derecho, será saludada con agrado por todos aquellos que aplauden la demonización del funcionariado. Pero una sociedad no se construye con un relato de buenos y malos. Al menos, no debería.

A pesar de todas las críticas que pueda merecer, el funcionariado ha actuado como un muro de contención frente a la crisis que se inició en 2008. Funcionarios son los médicos y las enfermeras que nos atienden en los hospitales, los maestros y profesores de la enseñanza pública, los policías y los jueces, los bibliotecarios y los servicios de deporte municipal, los conservatorios y los museos. Gracias a los funcionarios, se gestiona el pago de las pensiones y del desempleo, el urbanismo y el padrón, la atención a los inmigrantes y el sistema de becas. Sin una estructura sólida y bien pagada de trabajadores públicos, cualquier sociedad moderna entraría en rápida descomposición. Los funcionarios necesitan una mejora en su sueldo -congelado desde hace una década- como cualquier otro cuerpo social. Entre otros motivos -además de los de justicia-, porque sólo una carrera profesional bien remunerada será capaz de atraer a los mejores.

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