Rajoy ha manifestado reiteradamente, incluso a sus escépticos socios del PNV, que, tal como se acordó en el Senado, la intervención de la Generalitat al amparo del artículo 155 C.E. cesará en cuanto se forme un nuevo gobierno viable en Cataluña. Por otra parte, dicho gobierno autonómico ha de lograrse antes del 22 de mayo, ya que ese día cumple el plazo de dos meses desde la primera votación de la investidura de Turull, que no prosperó, de forma que cumplido este lapso de tiempo quedarían convocadas automáticamente nuevas elecciones autonómicas.
A estas alturas, y una vez agotados los intentos ilegales de investir a distancia a Puigdemont, parece posible un acuerdo entre ERC y PDeCAT para dejar paso a un candidato ´limpio´, sin un horizonte penal a sus espaldas (el último de quien se habla es Ferrán Mascarell), lo que supuestamente conduciría a una cierta normalidad, a la recuperación de las instituciones y a la retirada de la intervención estatal.
Sin embargo, y como recuerdan a menudo los analistas, el pasado 8 de marzo los ´nacionalistas democráticos´ —es decir, JxCat y ERC— acordaron una fórmula tramposa de retorno al poder de la que todavía no se han desdicho, y que continúa por tanto siendo verosímil en el supuesto de que Puigdemont no sea extraditado por Alemania a España. En virtud de tal acuerdo, el expresidente de la Generalitat mantendría el poder efectivo mediante la presidencia del Consejo de la República, en el exilio, que impartiría las instrucciones oportunas a un gobierno títere que operaría en Cataluña. Aquel dirigiría la campaña internacional de propaganda y este dirigiría las labores de agitación callejera y social.
En definitiva, tal salida bicéfala constituiría un flagrante fraude de ley que no normalizaría la economía catalana, ni pacificaría la confrontación interna entre unos hemisferios en radical desacuerdo, ni facilitaría una relación fluida entre las instituciones catalanas y las estatales.
Si finalmente los acontecimientos se desarrollan según este escenario pesimista, que encerraría una radical deslealtad, no parece posible que el Estado se resigne a convivir con tan delirante esquizofrenia independentista, lo que pondría en duda la pertinencia de levantar el artículo 155 antes de tiempo: el reconocimiento del regreso a la normalidad no debería tener lugar en tanto no se constate que la situación es efectivamente la que hace innecesaria y ociosa la aplicación de cautelas y de medidas excepcionales.
Hoy por hoy, todo indica que la práctica totalidad de lo que es y representa ERC y una gran parte del PDeCAT —es decir, la mayor parte del nacionalismo democrático menos algunos miembros del club de fans que jalean a Puigdemont y forman su entorno mas cercano— desea un retorno leal a la legalidad, para plantear con nuevas premisas un proyecto independentista conciliable con el Estado de Derecho y con la voluntad de Europa. Pero el expresidente conserva el liderazgo épico que nadie se atreve a contradecir en público por respeto a una legitimidad moral que ya es sólo pura fabulación (quien lo haga será, ya se sabe, traidor y ´botifler´).
Lo lógico sería que los nacionalistas le dijeran claramente a Puigdemont que los intereses generales de Cataluña obligan a prescindir de la teatralización que él pretende conservar a toda costa y que ya es hora de bajar de la nube y adaptarse al proceso posible, que es el de regresar al marco constitucional. Bromeaba este lunes el director de La Vanguardia con el miedo escénico que les entra a los interlocutores de Puigdemont cuando están en su presencia, de forma que no encuentran las palabras para decirle lo más pertinente. Ya está bien de liturgias que están costando un alto precio a los ciudadanos de una Cataluña que aún está a tiempo de rectificar antes de irse definitivamente a pique.
