Mantener el mercado en una situación de perfecto equilibrio es una meta que resulta, por definición, imposible. Las leyes de la oferta y la demanda imponen su curso bajo el dictado de una fuerza ciega que requiere, para suavizar sus aristas más peligrosas, la intervención del poder político y de las instituciones. Un ejemplo claro lo tenemos en el boom del alquiler vacacional que hemos vivido durante estos últimos años en Mallorca, impulsado por el potencial de las nuevas tecnologías, la consolidación de la economía cooperativa y el auge de las plataformas de alquiler y de transporte low cost. Tras años sin contar con una regulación clara, el crecimiento desordenado de esta modalidad vacacional empieza a ofrecer información palpable de sus efectos, aunque de signo contradictorio. Por un lado, el alquiler turístico ha facilitado inversiones notables en el sostenimiento y la mejora de nuestros inmuebles, ha incentivado una mayor capilaridad en el reparto de los beneficios turísticos, ha mejorado la cuenta de resultados de muchos pequeños comercios, y sus efectos positivos sobre la actividad económica se han dejado sentir de forma significativa en determinadas zonas del centro de la isla con baja densidad hotelera. Por otro lado, los efectos negativos del alquiler vacacional se han traducido en un alza acelerada del precio de los inmuebles y en la escasez de oferta de alquiler a largo plazo. Una cifra indicativa de este proceso de inflación inmobiliaria sería que, durante los últimos cinco años, el precio medio de un arrendamiento en Palma ha subido el 40%, mientras que los salarios -y el IPC general- apenas se han incrementado. Hay estudios internacionales que observan en esta creciente dificultad en el acceso a la vivienda uno de los elementos cruciales a la hora de explicar la desigualdad social; un problema que afecta especialmente a los jóvenes y a los ciudadanos que por motivos de trabajo se desplazan de una región a otra. En este sentido, la brecha que se abre entre propietarios y no propietarios es un factor a considerar. Y, por supuesto, las consecuencias que implica la falta de una regulación clara y específica para el alquiler turístico exigen un análisis y una respuesta meditada.
Todavía es pronto para saber cuáles serán los resultados de la decisión que ha adoptado el actual gobierno municipal, que supone prohibir de forma taxativa el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares de Palma. Pero es importante subrayar la voluntad que ha mostrado el actual equipo de Cort de actuar decididamente sobre una cuestión que puede marcar el futuro de nuestra ciudad. No se trata, en ningún caso, de poner en duda el modelo económico de estas islas -cuyos motores principales son el turismo, la apertura internacional y la mejora de la calidad-, sino de afinar el debate sobre el concepto de ciudad. Lógicamente, la medida adoptada por el ayuntamiento ha provocado las protestas de la oposición, de las patronales del sector y del pequeño comercio. Son críticas legítimas que deben ser atendidas, pero que sólo podrán ser enjuiciadas con rigor cuando contemos con los primeros datos sobre las consecuencias reales de la polémica decisión municipal. Se trata, de todos modos, de una normativa pionera en España y que deja abiertas algunas incógnitas importantes, como la capacidad efectiva del Ayuntamiento a la hora de evitar la aparición de una nueva fuente de economía sumergida o de distintas tipologías de fraude de ley. Y, en lo que concierne al mercado del alquiler de larga estancia, debería ir acompañada de una batería más amplia de actuaciones que permitan normalizar la oferta y recuperar su atractivo.
