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Eduardo Jordà

El puente sobre el río

En mayo de 1911, un sheriff que buscaba una vaca robada en un pueblo perdido de Oklahoma intentó registrar la choza de una familia de aparceros negros. Hubo un forcejeo y el sheriff murió a causa de un disparo de escopeta. La madre y su hijo de quince años fueron detenidos y acusados del crimen. Una noche, un grupo de unos veinte o treinta hombres entró en la cárcel, se llevó a la mujer y al hijo y los ahorcó en un puente sobre un río. Un fotógrafo local tomó fotos de los cuerpos colgando sobre las limpias aguas del río North Canadian, en un paraje habitual de picnics y fiestas campestres. A los pocos días, las fotos se vendían como postales y eran muy buscadas en todas las tiendas de recuerdos de la región. En el puente, observando los dos cuerpos que colgaban sobre el río, se veía a una multitud de lugareños. Muchos sonreían orgullosos o saludaban felices al fotógrafo. Para ellos estaba claro que se había hecho justicia. Y eso que la suerte de los dos negros - Laura y L.D. Nelson- no habría sido muy distinta si los hubieran juzgado en un tribunal legal. Los jueces de esa pequeña ciudad de Oklahoma (Okemah), sin apenas pruebas, sin escuchar a los testigos, sin reconstruir los hechos del tiroteo, habrían condenado igualmente a la horca a la madre y al hijo.

De eso hace más de un siglo, pero a juzgar por lo que ha ocurrido en Twitter y en las redes sociales con la sentencia de "La Manada" seguimos conservando esa vieja pulsión de ejercer la justicia sumaria y colgar a los sospechosos de un puente. Gente que no se había leído la sentencia ni había visto las pruebas de cargo, gente sin los más elementales conocimientos de Derecho, gente que en realidad no sabía nada, juzgaba alegremente el veredicto e incluso se permitía pedir la inhabilitación de los jueces en una plataforma digital. Hasta hubo, parece ser, un intento de asalto al juzgado de Pamplona. Por supuesto que lo que hicieron los cinco integrantes de "La Manada" es una barbaridad -en mi opinión, una violación en toda regla- que debería haber recibido un castigo más severo. No me he leído la sentencia completa -está disponible en las redes sociales-, pero lo que he leído parece demostrar que hubo violación. En este sentido, las feministas que protestan tienen todo el derecho del mundo a criticar la sentencia. Pero lo que es inadmisible, porque eso supone cargarse el Estado de Derecho y todos los fundamentos de la democracia representativa, es exigir una pena impuesta desde la calle con arreglo a no sé qué "veredicto social" que debería estar por encima de las leyes y de los jueces. Porque no conviene olvidar que ese veredicto social, impuesto por gente que no sabe las circunstancias reales del caso ni ha visto las pruebas y sólo se guía por sus prejuicios y sus intereses, se parece mucho a lo que hicieron los heroicos ciudadanos de Okemah que asaltaron la cárcel, se llevaron a la madre y al hijo y los colgaron de un puente sobre un río.

Y lo que más asusta es que gente con responsabilidades políticas -o que aspira a tenerlas- pretenda imponer de antemano la sentencia sin tener en cuenta pruebas ni testimonios de ninguna clase, y lo que es peor, sin tener ni idea de lo que dicen las leyes según las cuales deben pronunciarse los jueces. Para esta gente -políticos sobre todo- la sentencia debe plegarse a sus ideas y a sus juicios de valor, por mucho que las leyes aprobadas en el Parlamento digan una cosa muy distinta. Y ese era también el criterio de mucha gente que ayer gritaba y despotricaba en las redes sociales y en las televisiones. En algunos casos, la histeria y la sobreactuación era tanta que hasta los acusados parecían haber sido absueltos, cuando en realidad habían sido condenados a nueve años de cárcel. Quizá son pocos, sí, teniendo en cuenta lo que habían hecho los componentes de "La Manada" -una monstruosidad, se mire como se mire-, pero de ninguna manera se iban a ir de rositas como algunos pretendían hacernos creer. El magistrado Joaquim Bosch, de Juezas y Jueces para la Democracia -una persona que de ningún modo puede ser acusada de facha ni de machista-, hizo en Twitter un análisis ejemplar de la sentencia. Y su conclusión era que el veredicto, aunque discutible -él estaba convencido de que había habido violación-, no era en absoluto un disparate jurídico. Y además, y eso es lo bueno de nuestras leyes -y el magistrado lo subrayaba-, esa sentencia puede recurrirse. De hecho, el gobierno de Navarra ya lo ha hecho. Por lo tanto, la sentencia no es definitiva. Por lo tanto, se puede mejorar.

Lo que ahora se debería hacer, por vía civilizada -es decir, en el Parlamento-, es reformar el Código Penal y establecer las circunstancias de una violación de un modo mucho más claro y taxativo. Eso es lo importante, a menos que queramos convertirnos en unos imitadores con iPhone de los virtuosos ciudadanos de Okemah que sonreían felices en el puente sobre el río.

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