El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, probablemtnre amilanado por el ambiente sembrado por los más radicales, está desmarcándose de las consignas más moderadas de Esquerra Republicana, que es su partido de origen, para alinearse claramente con Puigdemont y sus afines, quienes consideran que ya no tienen nada que perder y mantendrán por tanto enhiesta la bandera de la ruptura republicana, tan agresiva como inútil puesto que nadie, ni ellos mismos, confían en que su objetivo pueda cumplirse. Así, mientras Oriol Junqueras propone desde la cárcel una vuelta al marco jurídico del estado de derecho y la recuperación del autogobierno para replantear desde la racionalidad el futuro del soberanismo, su conmilitón Torrent ya va por el cuarto intento de investidura ( Puigdemont, Sánchez, Turull y otra vez Sánchez) con el único objetivo de marear la perdiz y potenciar el victimismo en la esfera internacional, generando una corriente de simpatía en el que confían los huidos de la justicia.
Así las cosas, nos estamos aproximando al 22 de mayo, límite estatutario para elegir a un presidente de la Generalitat; cumplido el plazo, las elecciones quedarían convocadas automáticamente. Pero en este caso no es que la reiteración se deba a la falta de acuerdo entre las formaciones políticas para proponer a un candidato viable sino a la marrullería indisimulada de los soberanistas, que se obstinan en sugerir candidatos imposibles. Marrullería que ahora tiene como colofón la iniciativa de presentar una querella contra el juez Llarena por no haber permitido que Jordi Sánchez saliera de la prisión preventiva para ser investido. Es una obviedad „judicial y política„ que tales comportamientos provocativos acreditan el riesgo de reiteración delictiva que argumenta el juez para no retirar las medidas cautelares que actualmente impiden a Sánchez seguir abonando su irredentismo en la calle.
En definitiva, el sistema está de momento a merced del soberanismo: este puede plegarse a la racionalidad y proponer a un candidato viable -es decir, no imputado„ o provocar las nuevas elecciones? Con lo que el ciclo perverso volvería a empezar, sin garantía alguna de que la llamada a las urnas resuelva el impasse (los electores tienen siempre el futuro en sus manos, pero después del trayecto recorrido, y aunque algunos pensemos que el soberanismo se desacredita al someter a sus conciudadanos a este maltrato político y económico, es lógico pensar que en unos meses no cambiarán significativamente las preferencias del cuerpo social).
Llegados a este punto en el razonamiento, es evidente que el Estado puede condescender con esta secuencia u oponerse a ella, recurriendo de nuevo al artículo 155 de la Constitución. Existe la posibilidad de que, por el procedimiento establecido en dicho artículo „es decir, por decisión del Gobierno con la conformidad del Senado„, el Ejecutivo mantenga la intervención de la Generalitat durante un plazo determinado „seis meses o un año„ o hasta que una mayoría de parlamentarios acredite la existencia de un acuerdo firme y sólido para designar a un candidato en plenitud de sus derechos que pueda emprender la reconstrucción de las instituciones de autogobierno.
En un caso como este, en que el Estado ha tenido que plantar cara a un intento claro de golpe de estado, no es razonable que la iniciativa y el calendario estén en manos de los golpistas y sus amigos y aliados, lo que les permite someter a la opinión pública a una insoportable zozobra. La suspensión temporal de facto de la autonomía „como hizo varias veces el Gobierno británico con el Ulster, por ejemplo„ no produce quebranto alguno a la sociedad catalana, que está hoy en manos de gestores eficientes y no ha experimentado merma alguna en sus derechos fundamentales.
El dilema catalán es entre recuperación de la legalidad constitucional y las medidas excepcionales. No hay estaciones intermedias porque la ley es interpretable pero no elástica ni mudable. No tiene, pues, sentido que el Derecho haya de someterse a los vaivenes de la arbitrariedad.
