La corrupción política no es un fenómeno exclusivamente español: como es sabido, la cada vez más onerosa financiación de los partidos políticos a medida que se iba agrandando y potenciando el sistema mediático generó episodios de esta naturaleza en muchos países europeos. Con el pretexto de la financiación, aparecieron mafias y clientelismos, que han sido purgados y erradicados. Berlusconi está inhabilitado, Sarkozy podría ir incluso a prisión?
Podría decirse que se ha ido produciendo una cierta sensibilización, no sólo en la opinión pública (que ha rebajado sensiblemente su grado de tolerancia a estos abusos) sino también en la clase política, que ha extremado su delicadeza y su rigor hasta extremos acordes con la exigencia ciudadana?
Por ello, a la luz de esta experiencia, resultan incomprensibles ciertas resistencias a reconocer lo obvio que se producen en el aquí y el ahora españoles. En el caso de Cristina Cifuentes, ¿qué extraño mecanismo mental impide a Rajoy entender que la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es sostenible, por la sencilla razón de que es escandaloso que una universidad pública le haya otorgado un máster en las condiciones conocidas, en las que ha habido incluso, muy probablemente, comportamientos delictivos ¿No entiende el presidente del PP que esta resistencia, que muchas personas interpretan como un desprecio a la exigencia de integridad, le pasará una factura muy pesada en las próximas confrontaciones electorales?
