Felipe González tuvo el pasado domingo una lúcida intervención en un canal generalista de televisión, en que, como es lógico por la coyuntura, habló sobre todo de Cataluña. Y de la proverbial sensatez de sus puntos de vista, fue sobre todo reseñable la idea de que hemos llegado a este punto de grave conflictividad por falta de iniciativas políticas a tiempo. El presidente del Gobierno debió recurrir ya al artículo 155 cuando Artur Mas, en violación flagrante de las normas constitucionales, convocó el referéndum del 9N. Si así se hubiera hecho, nos hubiésemos ahorrado una deriva que, entre otros inconvenientes, tiene el de que muchas personas han contraído responsabilidades penales, cuyo esclarecimiento dificulta, como es obvio, un desenlace político del desentendimiento.
El PP, que ha cumplido sin duda el principal mandato tácito que recibió de los españoles en 2011, sacar al país de la crisis económica, no ha atinado sin embargo en la conducción del mayor conflicto democrático. Se ha llegado tarde, pero además sigue sin conocerse un verdadero proyecto político de gestión de la cuestión catalana, e incluso se echa en falta una presencia continua del Estado en las vicisitudes cotidianas del procés' Así por ejemplo, la falsedad de que Jordi Sànchez tiene el apoyo explícito de la ONU para que le sean respetados íntegramente sus derechos políticos transita por las instituciones, por los periódicos y en boca de numerosos nacionalistas, sin que la autoridad competente desmienta con la debida rotundidad semejante posverdad (es solo un ejemplo, pero bastante expresivo). Tampoco es inteligible que la disparatada opinión de la ministra de Justicia germana sobre la eurorden que afecta a Puigdemont no recibiese una contundente respuesta del Gobierno español en tromba (tan solo ha habido una tibia e insuficiente carta de la embajadora de España a un periódico).
La mala gestión de la cuestión catalana, a juicio también de los catalanes que son víctimas de la obstinación nacionalista, quedó de manifiesto en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en que el PP obtuvo el peor resultado de su historia en aquella comunidad. Que el partido del gobierno que ha debido aplicar el artículo 155 de la Constitución para poner coto al nacionalismo rampante ni siquiera haya seducido a las víctimas de este, que han optado por otras formaciones, en especial Ciudadanos (que compite en la misma zona ideológica), es un síntoma claro de que el partido gubernamental en el Estado no atina a la hora de ubicarse.
El PP ha debido enfrentar numerosos casos de corrupción económica, y lo ha hecho sin intentar reconciliarse al tiempo con la sociedad civil que ha soportado el abuso. Lógicamente, ello se refleja en las encuestas, cuyo promedio revela un estremecedor descenso del suelo y del techo de los populares. Finalmente, el caso de máster de Cifuentes demuestra que el PP no ha entendido bien el desafío que se le plantea: su resistencia a reconocer que en una democracia madura el relato del famoso máster no tiene cabida -haya o no delito, es claro que Cifuentes disfrutó de unas condiciones ventajosas que no solo devalúan el pretendido máster sino que ponen en un serio compromiso a la universidad que actúa tan frívolamente- puede acabar reduciendo al otrora gran partido de centro derecha en una organización residual. No es dramático pero sí inquietante que una de las dos organizaciones sobre las que han pivotado las cuatro décadas democráticas entre en barrena, camino del abismo.
Los partidos políticos, por definición constitucional, "expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". El declive de uno de los que han organizado todo un hemisferio ideológico no es una buena noticia, ni siquiera para sus adversarios. Por lo que quienes están a los mandos en este final de etapa tendrían que reconsiderar si no hay modo de detener esta especie de suicidio colectivo que consiste en actuar como si no estuviera mirando una sociedad atónita y perpleja.
