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Juan Tapia

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Cataluña y la tempestad sobre Sevilla

Que el tribunal alemán no extradite a Puigdemont por rebeldía es un varapalo para España

Alguien dijo que Cataluña es el motor económico de España pero que cuando hay crisis en Cataluña, o con Cataluña, toda España sufre las consecuencias. Algo así está pasando.

El protagonismo de la respuesta a la declaración de independencia del 27-O lo ha ido cogiendo el Tribunal Supremo y el Código Penal. Y el último paso fue el auto de procesamiento y prisión provisional sin fianza del juez Llaneras contra varios dirigentes independentistas -entre ellos el candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull, que había sido derrotado en la primera votación- justo antes de Semana Santa. Y luego vino la detención en Alemania, a instancias de la euroorden de Llaneras, de Carles Puigdemont.

Pero el derecho siempre es discutible y la gran sorpresa llegó este jueves cuando el tribunal competente alemán -desoyendo la petición de su fiscalía- denegó la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, admitió la posibilidad de extraditarlo por otro con menos pena -malversación de recursos públicos-, y decretó su libertad provisional con fianza. El motivo es que en el delito de alta traición alemán, similar al español de rebelión, es condición necesaria el claro uso de la fuerza y el tribunal considera que en el caso catalán no la ha habido, al menos con la intensidad necesaria.

Es un criterio discutible, radicalmente contrario al auto del juez Llarena, pero sobre el que muchos juristas y políticos españoles ya habían alertado. El propio Felipe González -además de advertir sobre el gobierno de los jueces- ya dijo que le costaba ver un delito de rebelión.

Pero lo relevante serán las consecuencias jurídicas y políticas. Si finalmente Puigdemont es extraditado -lo que puede no ser inmediato- sólo podrá ser juzgado por malversación, que tiene una pena (máximo de 8 años) muy inferior al delito de rebelión (hasta 25 años). Y surgen dos grandes interrogantes. ¿Podrá el Supremo dictar entonces -si es extraditado sólo por malversación- prisión provisional sin fianza y mantenerlo en la cárcel hasta el juicio como está haciendo con Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull y otros? ¿Al final podría ser condenado Puigdemont, el principal responsable de la DUI, a una pena sustancialmente menor que los otros imputados? ¿Y qué pasará con los consellers exilados? Parece difícil que tras la decisión alemana -si se convierte en definitiva, porque puede que la fiscalía la recurra- la judicatura belga o británica vayan a admitir la extradición por rebelión. Es pronto para sacar conclusiones, pero lo indudable es que la instrucción del Supremo ha recibido un serio varapalo.

?Y las consecuencias políticas tampoco están nada claras. La no extradición de Puigdemont por rebelión refuerza a las corrientes más radicales del independentismo que priorizan la confrontación con el Estado a la elección de un presidente de la Generalitat que deberá actuar dentro del marco autonómico. Pero también es cierto que tras la no elección de Turull han empezado a correr los plazos y que si el 22 de mayo no hay nuevo presidente se tendrán que repetir las elecciones. ¿Apostará ahora el independentismo -o alguna de sus facciones- por no elegir un president sin problemas judiciales y tener que ir a la repetición de elecciones con la esperanza -que puede resultar fallida- de tener un triunfo superior al muy ajustado del 21-D?

Hoy no hay respuestas. Sólo más confusión y más incógnitas, lo que no ayudará ni al Gobierno Rajoy ni a la estabilidad política. Máxime cuando el objetivo a corto del Gobierno era la aprobación de los Presupuestos y para ello necesita el voto afirmativo del PNV. O, como ha pedido un dirigente del PP, cinco votos del PSOE por patriotismo y "elegidos al azar". Lo del PSOE parece imposible, lo del PNV no, siempre y cuando haya sido levantado el 155 en Cataluña, lo que parece ahora más difícil.

La crisis política que arrastra España se va a complicar bastante. Y el Gobierno ya no estaba enfocando bien la situación. Sin mayoría, dependiendo del PNV para los Presupuestos y con una situación delicada en Cataluña, tenía que medir bien sus gestos. Y enviar cuatro ministros -Cospedal, Zoido, Méndez Vigo y Catalá- a entonar el legionario "soy amigo de la muerte" en Semana Santa estaba lejos de ser lo más aconsejable. ¿Por qué pues?

Si a todo esto le añaden el escándalo del "mastergate" de Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid que quería encarnar la renovación del partido, es seguro que la convención de Sevilla de este fin de semana va a ser el espectáculo de un partido en pleno ataque de nervios. Desde el fallido referéndum catalán del pasado 1 de octubre, a Rajoy se le han complicado mucho las cosas.

El combate de Macron y los sindicatos

Una de las claves de la victoria de Macron frente a Marine Le Pen hace un año fue que significó el triunfo del europeísmo frente al nacionalismo aislacionista. Otra, que buscaba, con una vía intermedia y pragmática, lograr aquello en lo que tanto la derecha -Chirac y Sarkozy- como el socialismo -Hollande- habían fracasado: desbloquear la economía francesa -en la que el sector público es un 57% del PIB- para competir en un mundo globalizado.

En setiembre, Macron abordó la liberalización del mercado laboral y la contestación sindical -al revés que con presidentes anteriores- no la logró parar. Quizás porque -al contrario que Chirac en el 95 o Hollande en el 2012- no la había ocultado en su programa. Ahora afronta un desafío tanto o más importante: la reforma de la SNCF, la empresa pública de ferrocarriles, toda una institución en Francia, que da un buen servicio público pero que tiene un grave desequilibrio financiero y problemas de futuro. En parte porque desde siempre está muy sindicalizada y algunas ventajas sociales son chocantes. Por ejemplo, la jubilación en la SNCF es a los 50 años frente a los 62 que fija la ley.

Es una reforma necesaria y que se aborda sin excesos ya que sólo los nuevos trabajadores perderán los derechos adquiridos, pero la aversión de los franceses a los cambios es legendaria y otros gobiernos anteriores tuvieron que hacer marcha atrás. El Gobierno aborda con decisión, pero con cuidado, la reforma y los sindicatos han respondido con dureza, pero también con prudencia. La huelga será larga, hasta el 28 de junio, pero sólo de dos días de cada cinco de trabajo. El riesgo del Gobierno es que se traslade a otros sectores y tenga que acabar cediendo. El de los sindicatos, que los usuarios se sientan los grandes perjudicados y reaccionen irritados.

Para mantener su credibilidad, Macron debe ganar la batalla pero sin humillar a los sindicatos y no abonar las críticas que le pintan como el presidente de las clases medias bienestantes. No será fácil. La última encuesta dice que el 57% de los franceses, frente a un 42%, no creen que la huelga está justificada.

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