Una vez convencidos los ciudadanos de estos albores del milenio de que las casualidades políticas no existen, algunos -quiero suponer que bastantes- nos hemos escandalizado de la sincronía llamativa entre la detención de Falciani, reclamado por Suiza por haber denunciado la comisión de gravísimos delitos de ilustres españoles (y de otras nacionalidades), con el fin de ser extraditado al estado helvético, y la reclamación de extradición de Marta Rovira que ha hecho España a las autoridades suizas por su participación en el procés, lo que la convierte en presunto reo de un delito de rebelión. Si a estos sucesos simétricos se añade que de la lista de varios centenares de defraudadores españoles que Falciani, antiguo ingeniero de sistemas del HSBC Private Bank, entregó a la Agencia Tributaria de nuestro país, no se conoce a ninguno que haya pisado una prisión, el escándalo se vuelve estructural y confirma lo que ya sabíamos: que el sistema tributario español está sobrecargado de hiriente hipocresía. Por no utilizar palabas más gruesas ni descalificaciones más sólidas.
Los grandes principios de que se alardea, el respeto al estado de derecho, la solidaridad entre democracias, la lucha por la equidad fiscal y en contra de los paraísos fiscales son una cortina de humo tras la que sectores de la esfera pública se ciscan en el bien común y en el interés general. Todo tiene un precio, y Falciani es la tarifa que pagan nuestros gobernantes para salvar la cara y evitar el ridículo.
