En la noche del jueves, 15 de marzo, un pacífico barrio multiétnico del centro de Madrid fue presa de un gran estallido social. Un senegalés que se ganaba la vida con el "top manta" murió en la calle de un fallo cardiaco, y sus compañeros atribuyeron el accidente vascular a una previa persecución de la policía municipal, que no se ha podido comprobar (más bien parece que no hubo persecución y que la policía municipal trató de salvarle la vida mediante las correspondientes maniobras de reanimación, que resultaron inútiles). El caso fue que, al conocerse el óbito, los senegaleses organizaron una clamorosa protesta, que pronto fue coreada por una multitud de jóvenes 'antisistema', todos ellos españoles de origen y provenientes de toda la urbe, que organizaron una colosal algarada, con rotura de escaparates y de mobiliario urbano, y hasta con algún episodio de saqueo y vandalismo. Tras los sucesos, el equipo de gobierno municipal entró en crisis ya que algún edil se precipitó al culpabilizar a la policía municipal de unos hechos que resultaron inciertos, con gran aprovechamiento de la oposición. La sociedad madrileña se alarmó al ver aquella explosión de ira, que no tenía precedente cercano y que recordó, lógicamente, las manifestaciones del 15-M de 2011, en pleno fragor de la crisis económica, y en las que no hubo violencia alguna.
El asunto ha merecido innumerables comentarios, pero no ha perdido actualidad porque permanecen intactos los dos fenómenos indeseables que han sido el caldo de cultivo de los disturbios: una inmigración irregular sin horizonte y una gran postración de los jóvenes, sin trabajo ni expectativas. Fenómenos que permanecen larvados sin que el poder político tome cartas en el asunto.
Por una parte, es evidente que este país tiene grandes dificultades para integrar a la inmigración, cuya llegada a medio plazo es deseable por razones demográficas evidentes. Todo el mundo sabe que hay una importante colonia de africanos en España sin regularizar y que se gana la vida mediante el "top manta", es decir, vendiendo a salto de mata productos de lujo falsificados procedentes de una mafia que los importa. Tal actividad no está autorizada, e incluso una reciente reforma del Código Penal la ha transformado en delito, pero es evidente que existe cierta tolerancia, tanto con los vendedores como con las mafias, porque, a fin de cuentas, así se consigue que subsistan unos inmigrantes con los que no se sabría qué hacer si no malvivieran de ese modo. Hipocresía se llama la figura.
El otro asunto conexo es la existencia de jóvenes "antisistema" que están a la que salta y que derraman su ira en cuanto tienen oportunidad. Hay quien se sorprende al descubrir que bajo las pacíficas circulaciones sociales de este país hay muchachos incendiarios e indignados. Cuando la realidad es que nuestra juventud se comporta con bíblica paciencia. El paro de los menores de 25 años estaba al final de 2017 en el entorno del 40%; la inmensa mayoría de los jóvenes que trabajan no son ni siquiera mileuristas, y la edad media de salida del hogar paterno está en los 29 años. Si a esta situación objetiva se añade la más absoluta falta de horizontes -nada indica que sus opciones de vida vayan a mejorar a medio y largo plazo- se entenderá con facilidad que el ánimo de esta juventud frustrada no es precisamente pacífico ni optimista.
Pues bien: nuestras autoridades municipales se han entretenido en debatir el papel de la policía municipal en todo este asunto con el exclusivo fin de desacreditarse unas a otras y, por supuesto, las de los otros escalones políticos han mirado prudentemente hacia otro lado. Ni la falta de políticas sociales de atención a inmigrantes, que les permitirían acceder a modos de vida dignos, ni la necesidad de mejorar la calidad del empleo y de cambiar de modelo de desarrollo han surgido como temas de reflexión tras los sucesos de Lavapiés. Los políticos van a lo suyo y las muchedumbres se acomodan en la frecuente banalidad de las redes sociales, incapaces de abordar este fenómeno con alguna profundidad.
