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Antonio Papell

El autonomismo catalán

La vía de salida de la crisis catalana podría plantearse como una reforma urgente del sistema de financiación autonómica y como una revisión de la propia autonomía

El Centre d'Estudis d'Opinió, un organismo de la Generalitat, se ha ganado un bien merecido prestigio porque con frecuencia sus sondeos arrojan resultados que han perturbado objetivamente las políticas nacionalistas oficiales. De ahí que sus análisis merezcan credibilidad, con independencia de los límites generales de la sociología aplicada a la hora de detectar y expresar las vicisitudes de la opinión pública.

La última encuesta sobre contexto político en Cataluña, recién publicada, ha abordado como hace periódicamente la cuestión de la autonomía en un capítulo dedicado a "Relaciones entre Cataluña y España". Una primera pregunta sobre el grado de autonomía revela que el 60,3% de los encuestados (la muestra es de 1.200 personas) cree que Cataluña ha conseguido un nivel insuficiente de autonomía, el 23,0% cree que el nivel es suficiente y el 8,5% piensa que es excesivo. "No sabe" el 6,1% y "no contesta" el 2,2%. Estos porcentajes tienen escaso margen de oscilación desde marzo de 2006, que es cuando comienza la serie, por lo que parece lógico entender que los catalanes querrían mayoritariamente una autonomía más intensa, una descentralización mayor del Estado.

La pregunta que sí suscita interés esa vez es esta: "Cree que Cataluña debería ser? El 36,3% responde que "una comunidad autónoma de España"; el 32,9 que "un Estado independiente"; el 19,4% que "un Estado dentro de una España federal" y el 6,6% que "una región de España". El 2,8% "no sabe" y el 2,2% "no contesta".

La respuesta autonomista había sido mayoritaria desde marzo de 2006 (con el 38,2%), frente a la independentista (13,9%) hasta febrero de 2012, cuando el autonomismo cae al 27,8% y el independentismo escala hasta el 29%. Comienza entonces el proceso soberanista, que lleva al autonomismo hasta sus cotas más bajas (18,6% en noviembre de 2013) y al independentismo a las más altas (48,5% en la misma fecha). Desde entonces, el independentismo tiende a descender lentamente y el autonomismo va escalando posiciones, ambos en una evolución en dientes de sierra? hasta este mismo mes, en que, como se ha dicho, el autonomismo vuelve a superar por un 3,4% al independentismo. Durante el período 2006-actualidad, el federalismo tiende a descender, desde el 33,4% inicial al 19,4% actual, que es el más bajo de toda la serie.

Con todas las cautelas que se consideren necesarias, este dibujo, actualizado a un momento todavía inestable en que la independencia se considera muy masivamente descartable y en que parece imponerse la tesis de una normalización que suponga el retorno al escenario del Estado de Derecho y la reapertura de nuevo diálogos en el marco constitucional, podría interpretarse como la constatación de que lo que se quiere y es necesario es la regeneración cabal de la autonomía constitucional, antes que la reconstrucción federal de la carta magna.

La vía de salida de la crisis podría plantearse, pues, como una reforma urgente del sistema de financiación autonómica -que ahora será más fácil por la mejora general de la economía- y como una revisión de la propia autonomía, que podría resolverse mediante una reforma del estatut paccionada y negociada, que no incurra en los errores procesales y de fondo de la de 2006. La mejor manera de lograr el éxito sería enmarcando esta reforma en la de la Constitución, que debería avanzar al menos hacia la mejora del sistema parlamentario, haciendo del Senado una verdadera cámara de representación territorial, y hacia una modificación del proceso de reforma estatutaria, que sólo debería llegar al referéndum una vez asegurada su constitucionalidad.

Las demandas de la opinión pública catalana sugieren caminos practicables para poner fin al contencioso, o al menos para mitigarlo y hacerlo llevadero por un tiempo ilimitado. Sigue siendo sin embargo incierta la disposición de las actuales fuerzas políticas nacionalistas para acometer estos designios complejos, que sólo son abordables desde la magnanimidad y la altura de miras. Es decir, desde una predisposición general que no se ve en absoluto en el parlamento actual.

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