La sentencia del Tribunal Constitucional contra los artículos de la LOMCE impulsada por el ministro de infausto recuerdo Wert, ha sido aplaudida con entusiasmo por los impulsores del proceso soberanista catalán. El alto tribunal considera que, al obligar a la Generalitat a que las familias que rechazan la inmersión lingüística reciban ayudas para que sus hijos puedan estudiar en castellano, la LOMCE mete sus narices allí donde no debería porque las competencias educativas están transferidas. Pero tanta alegría de los independentistas tiene poco sentido. En pura lógica, deberían desentenderse de las decisiones que tomen unos jueces que, tal y como ellos han defendido hasta la saciedad, son ajenos a la legitimidad de la república catalana incluso antes de que ésta exista. Pero si aceptamos que en este camino de ida, que no se sabe muy bien si se ha emprendido ya o no, vale lo que el Tribunal Constitucional decida, eso también afectará a otras sentencias del mismo organismo. Como las que se relacionan con ese famoso 25% de la enseñanza que ha de dictarse en castellano en los colegios e institutos sujetos a la inmersión lingüística. Si bien es cierto que el Gobierno debería tomar cumplida nota acerca de lo que puede y no puede hacer, incluso bajo la cobertura provisional del artículo 155 de la Constitución, carece de sentido lo manifestado por Ramon Font, miembro del sindicato USTEC, cuando dice que la sentencia última del Constitucional permite desentenderse de la que el Tribunal Superior de Cataluña y el Tribunal Supremo dictaron exigiendo el 25% de la enseñanza catalana en castellano. Los barros en los que estamos enfangados proceden de aquellos polvos del recurso del Partido Popular de 2006 contra la reforma del Estatuto de Autonomía catalán. Cuatro años más tarde, el Tribunal Constitucional estableció, apreciando en parte el recurso, que ambas lenguas debían mantener un equilibrio en la enseñanza.
Así que en realidad la cuestión de fondo sigue en pie: sólo los muy imbéciles negarán que el catalán es la lengua que se habla en Cataluña (y con todos los matices que se insista en añadir, en Balears). Sólo los muy estúpidos sostendrán que la soltura en castellano es lesiva para los intereses de los adolescentes que viven en los lugares de habla catalana. El detalle del porcentaje que debe haber para garantizarlo, en condiciones de inmersión, es un problema menor respecto al más crucial: el de si se logra o no la competencia en castellano. Hace años una becaria brillante que tuvimos en la UIB renunció a su trabajo -a realizar en Madrid- porque, siendo menorquina, no dominaba lo suficiente el castellano. La culpa, por supuesto, no era de ella sino de un sistema que utiliza la lengua como arma política en vez de entender que se trata de una herramienta crucial para la vida. Bienvenidas sean todas las sentencias que permitan que los niños cuenten con garantías absolutas para poder aprender cuantas más lenguas, mejor.
