Parece evidente que la deriva del nacionalismo hacia el independentismo es un fenómeno complejo, que ha fluido auxiliado por buen número de causas. La corrupción en Cataluña, que generó una reacción defensiva introspectiva, ha sido una de ellas, quizá la más detestable porque los corruptos han lanzado el mensaje de que quien pretendiera poner coto a sus desmanes era en realidad un enemigo de Cataluña. Pero la principal de todas ellas ha sido el reflujo progresivo del Estado, en parte porque la Generalitat planteó la relación con España en términos confederales (que se consintieron aunque hubieran debido resultar inadmisibles), y en parte, también, porque el Estado de las Autonomías, que establece un confuso proceso de descentralización, no funciona si no existe lealtad recíproca entre los niveles territoriales.
Los estados federales semejantes al estado autonómico español distribuyen internamente las competencias y el ente federal se reserva para sí los criterios de armonización, homogeneidad y cohesión. No hay inconveniente en que cada comunidad autónoma gestione un modelo sanitario propio, según su tradición y experiencia, pero parece lógico que haya pautas cuantitativas y cualitativas comunes que garanticen la igualdad de oportunidades y la equivalencia de los servicios prestados. Por ejemplo, no es razonable que determinadas vacunas sean obligatorias en algunas regiones y en otras no. En nuestro modelo territorial, la lealtad bilateral está implícita en el reconocimiento de que el presidente autonómico es el representante máximo del Estado en la región, un principio que se ha reducido a pura retórica en Cataluña.
El desempeño de las competencias transferidas no interfiere con la obligación del Estado de mostrarse a la hora de gestionar las no transferidas. Y sin embargo, el Estado español no se ha dejado ver como actor en Cataluña, y sus desarrollos -la construcción y la gestión de las grandes obras públicas, por ejemplo- se han teledirigido desde fuera, como si Cataluña no participase directamente de la planificación estatal y hubiera de valerse de una relación bilateral. A este respecto, conviene señalar que no sólo el nacionalismo ha mantenido esta postura arisca: el PSC-PSOE, por ejemplo, ha alardeado siempre de ser un partido "independiente" del PSOE, apelando a la noción de fraternidad cuando lo lógico hubiera sido utilizar el concepto federal, que implica dependencia recíproca real.
La carencia política, tan evidente, se ha sustentado en un vacío social e intelectual. No se ha sabido impulsar la presencia activa del Estado, pero tampoco la sociedad civil ha tendido puentes. Y, lo que es más grave, no se ha aprendido la lección, según todos los indicios. Porque la situación actual necesita iniciativas que abran nuevos horizontes. La aplicación del artículo 155 está siendo estéril, y tan sólo el ministro de Fomento ha sabido aprovechar la coyuntura para explicar los planes de su ministerio a medio plazo con relación al aeropuerto de El Prat. Y los partidos no nacionalistas deberían hacer acto de presencia en el conflicto, sobre todo cuando es patente que el nacionalismo está dividido y que podrían introducirse inteligentemente cuñas entre quienes han entendido ya las limitaciones del procés y aquellos otros que aún persisten en su loca tentativa "revolucionaria". Si ERC no está dispuesta a proseguir por la senda de la ilegalidad y ha decidido optar por defender sus tesis en el terreno de juego constitucional, ¿por qué no está recibiendo ofertas de las formaciones constitucionalistas para que participe en la búsqueda de soluciones de gobernabilidad?
El "tripartito" fue una mala experiencia, pero mucho más por la inconsistencia de lo acordado que por el concepto en sí, que era inteligente: la transversalidad siempre da frutos en los entornos de gran complejidad. Y aunque las circunstancias son hoy muy distintas, no se debe perder de vista que la solución del conflicto catalán, a medio y largo plazo, pasa por la superación del binomio elemental catalanistas-españolistas, que sin duda complacería a la mayoría social de quienes se consideran tan catalanes como españoles, y que superan con diferencia en número a todas las demás definiciones identitarias.
