En estas fechas se está debatiendo la ley de Vivienda propuesta por el Govern, cuyo objetivo es garantizar un derecho incluido en el artículo 47 de la vigente constitución : "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efecto este derecho (€)". Pero con excesiva frecuencia, del dicho al hecho hay un gran trecho. Tal como reflejan los resultados de Quaderns Gadeso número 332 (febrero de este año), para un 46,2% de los ciudadanos de las Balears el acceso a la vivienda es el segundo problema, que afecta especialmente a las clases medias y a las personas/familias con bajas rentas salariales. Tal zozobra sólo es superada por "la inestabilidad laboral vigente" (64,1%). Pero, ¿casualidades de la vida?, ambas inquietudes están íntimamente relacionadas.
Según el tasador Tinsa es "una realidad la existencia en Balears de un mercado que ya está haciendo saltar las primeras alarmas inmobiliarias. Es la comunidad que requiere un mayor esfuerzo económico para poder comprar una casa (€). Por comunidades autónomas Balears sigue registrando el índice más alto, con 15,2 años de sueldo íntegro para acceder a la vivienda. el doble de la media nacional (7,6 años) y muy por encima de los 8,4 y 8,1 años, respectivamente, que se necesitan en Cataluña y Madrid". Según los expertos "ningún particular ni ninguna familia debería destinar los ingresos de más de cuatro años a pagar una casa". Así, por ejemplo, si en un hogar balear entran unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, deberían poder acceder a una vivienda cuyo valor de tasación sea, como mucho, de 120.000 euros y no a viviendas de 450.000. Vistos los precios y en consecuencia el importe de las hipotecas, es lógico que únicamente un 14% de ciudadanos consideren viable el acceder a un piso en propiedad, porcentaje que disminuya hasta el 5% en los menores de 30 años.
Si nos referimos a los precios de alquiler en Balears se han incrementado desde el año 2015 un 40%. Según la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Api) de Balears: "La evolución al alza ha sido imparable desde 2015, donde hubo un aumento del precio del 10,2%, para crecer un 13,8% en 2016 y un 9% el pasado año. la previsión para 2018 es que lo haga un 10%, por lo que en cuatro años este indicador ha subido un 40%". En consecuencia tampoco resulta extraño que sólo uno de cada cinco consultados considera posible acceder a un piso en régimen de alquiler, índice que disminuye hasta el 10% entre los menores de 30 años. Lo que implica una imposibilidad fáctica de emancipación: los jóvenes menores de 24 años deberían dedicar el 198% de su salario, y los comprendidos entre 24-29 años el 124% (Q. G. 330, enero gener 2018).
Algunos achacan los precios de venta y de alquiler fuera de mercado para rentas bajas y medias a la tan cacareada ley de Alquiler Turístico. Sin duda es un factor a tener en cuenta, especialmente en viviendas plurifamiliares, Pero no es la única causa. El acceso a una vivienda digna en régimen de compra o alquiler seguirá siendo insostenible mientras una parte muy significativa del mercado laboral siga rigiéndose por la temporalidad/ precariedad, y unos salarios bajos. Según Q. G., la percepción es que se está creando empleo, y es probable que lo siga haciendo a pesar de ciertas debilidades estructurales. Pero, simultáneamente, la economía doméstica, aunque no haya empeorado, no acaba de arrancar. Un 19% considera que su situación es relativamente buena pero un 27% que es mala, y con un futuro incierto. Un 26% tienen dificultades para llegar a fin de mes, un 58% viven de sus salarios y/o rentas, y sólo un 16% tiene capacidad de ahorro. Tal percepción negativa (o al menos, no positiva) se mantiene a pesar de que un 35% considere que se seguirá creando empleo durante el presente año, pero un 89% piensa "que los trabajos que se creen serán mayoritariamente temporales/precarios", y un 72% de "los salarios de los trabajadores no se pueden considerar dignos". Lo que, además de afectar al acceso a una vivienda, también perjudica al gasto/consumo familiar (a pesar de una cierta mejora). Aspecto a considerar dado que el consumo interior es un factor básico para un crecimiento económico sostenido y sostenible.
La accesibilidad a la vivienda no es un tema baladí. Para concluir me atrevo a pedir una misión casi imposible: Que el debate parlamentario no se convierta en un pim, pam, pum.
