La pretensión del endurecer la prisión permanente revisable a modo de carnaza para contener la indignación de la ciudadanía ha sido un nuevo rapto de populismo penal, que se manifiesta legislando en caliente, no para proteger a la sociedad -este no es el modo- sino para tratar de aparentar una eficacia y un liderazgo que no se manifiestan en las cuestiones importantes. El método ha creado escuela, y al hilo de la tramitación de una reforma de la legislación relativa al indulto para que no puedan beneficiarse de medidas de gracia los reos de corrupción, el PP, que es lógicamente el principal aludido por la medida, ha propuesto a su vez que tampoco puedan ser indultados los condenados por rebelión o sedición. Clara alusión a la situación en Cataluña. Las leyes represivas no cambian la realidad, y eso no debería ser algo que hubiera que recordar con frecuencia. También conviene mencionar que los presuntos responsables de sedición y quién sabe si también de rebelión por el 1-O están en prisión, a pesar de que se derogase aquella ley absurda de Aznar que preveía penas de cárcel para quienes convocaran un referéndum ilegal. De manera que de todas esas sobreactuaciones sólo permanece lo evidente: quienes toman estas estridentes iniciativas, con la secreta esperanza de embaucar a los electores, están faltando al respeto a una opinión pública que es ya mayor de edad y que no aprueba en absoluto que se juegue con ella para tratar de eludir responsabilidades graves o distraer la atención ante comportamientos improcedentes.
