La mayoría de Esquerra Republicana y una parte más o menos relevante de JxCat son ostensiblemente partidarios de normalizar Cataluña, una vez constatado que el Estado, cuyas fuerzas se habían minusvalorado, ha hecho valer de forma irremisible el principio de legalidad, actitud que mantendrá hasta las últimas consecuencias. Lo dijo (sin necesidad imperiosa porque nadie le apremiaba) el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent: su disposición consiste en "coser" los jirones en que se había descompuesto Cataluña desde que a principios de septiembre la cámara catalana emitió unas normas manifiestamente ilegales que condujeron a la intentona del primero de octubre que a su vez desembocó en una confusa proclamación de independencia.
En otras palabras: un sector del nacionalismo ha desistido ya de forzar la legalidad porque tal deriva no sólo conduce a la melancolía sino que tiene consecuencias penales que un puñado de personas imprudentes experimenta ya en carne propia. Se plegará, pues, a la Constitución y a las leyes, aunque siga pensando lo mismo y manteniendo idénticas aspiraciones, como hacen todos los días muchos demócratas que luchan en los países de nuestro ámbito por cambiar las leyes vigentes, a veces con éxito, a veces sin él, pero siempre sin violencia y sin vulnerar la ley. Es la grandeza de la democracia.
Sucede sin embargo que el problema más urgente, aunque obviamente secundario, del nacionalismo estriba en la necesidad de dar una salida digna a Puigdemont, cuyo último error consiste en haberse alquilado una mansión con aires clásicos que recuerdan el Palacio de la Zarzuela. Este personaje de opereta, figurante que tuvo que salir a escena por indisposición del titular, se cree nada menos que el portador de las esencias patrias, y si sus conmilitones le pusieran en su sitio como merece, la causa soberanista quedaría tocada de muerte. Por eso intentan construir una ficción que consistiría en dejarle a Puigdemont el protocolo mientras los demás gobiernan. Es decir, en elegir a un presidente de la Generalitat en Barcelona, sin cuentas pendientes con la Justicia, y entronizar a Puigdemont en Waterloo a través de una informal "asamblea de electos", que guarde las esencias del nonato régimen republicano. A muchos la ocurrencia nos troncha de risa pero ya se sabe que el sentido del ridículo es más infrecuente de lo que parece.
Lo que sucederá después es fácil de imaginar. Puigdemont, ninguneado en Europa y por supuesto en Bélgica, mantenido materialmente por sus adeptos más enfervorizados -ya se ocupará la Hacienda española de asegurarse de que no se produce malversación en el futuro-, tratará de marcar las pautas políticas de las instituciones catalanas. Pero entre Barcelona y Bruselas hay más de mil kilómetros en línea recta, más de 1.300 por carretera, las visitas irán espaciándose? Y el presidente efectivo será, después de todo, quien tenga la llave de los presupuestos y la firma en el Boletín Oficial de la Generalitat. ¿Alguien cree que en esta cotidianidad frenética en que estamos sumergidos todos puede alguien gobernar un negocio a larga distancia y con el único imperio de la autoridad moral?
Además, poco a poco el nacionalismo irá interiorizando la gravedad de lo ocurrido. Hay quien cree todavía que la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la apertura de un amplio proceso judicial en el Tribunal Supremo que ya alcanza incluso a sus inspiradores ( Santi Vidal y Carles Viver también están imputados) son elementos de una pesadilla que desaparecerá en cuanto retorne la normalidad y el 155 regrese a su alacena jurídica. Y no es así. El proceso seguirá su curso, hasta desembocar en largas inhabilitaciones y quién sabe si en dilatadas penas de prisión. La historia hablará de la tercera intentona golpista de ERC en la historia de España y de Cataluña, y reseñará cómo también esta vez el Estado ha aguantado el tipo. Con lo cual, esta ensoñación de la bicefalia no es más que un delirio que quizá sirva como subterfugio a los más realistas de los soberanistas, que a buen seguro están muy alejados de la idea de suicidarse penal y políticamente en nuevos sacrificios estériles.
