Buscar puntos de equilibrio no es tarea fácil. En primer lugar, porque rara vez existen respuestas definitivas a problemas complejos. Y, en segundo, porque, cuando entran en conflicto valores opuestos, resulta difícil encontrar una solución que contente a todos por igual. Este es el caso del famoso debate sobre el alquiler vacacional, que enfrenta intereses muy dispares, cada uno con sus respectivos grados de legitimidad. De hecho, potenciadas por el uso de las nuevas tecnologías y la abundancia de vuelos low cost, las implicaciones de esta modalidad de alquiler van más allá de una mera cuestión fiscal. Al regular este tipo de negocio -y garantizar su seguridad jurídica-, se amplía sin duda la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas, lo cual a su vez redunda en una mayor disponibilidad presupuestaria. Pero el marco impositivo constituye sólo una parte del problema. Por un lado, el alquiler vacacional ensancha el espacio de libertad de cada arrendador con su inmueble; de este modo, los beneficios económicos del turismo se reparten de un modo más inclusivo. Por utilizar un término caro a la ciencia política contemporánea, podríamos decir que el alquiler vacacional facilita el “empoderamiento” de muchos pequeños propietarios que logran mejorar sus rentas familiares gracias al turismo. Pero, por otro lado, su proliferación ha provocado en Balears también una serie de efectos imprevistos que se asocian al fenómeno mundial de las ciudades de éxito: básicamente, una drástica reducción del alquiler a largo plazo -fundamental para la movilidad ciudadana-, unida a un notable encarecimiento de la oferta; y, además, en el caso de nuestras islas, el riesgo de una posible sobresaturación en cuanto al número de visitantes, que se da de forma especial durante los meses de temporada alta.

? El fruto de este agrio debate se concretó en una ley aprobaba por el Parlament después de una tramitación especialmente difícil y polémica. El siguiente paso en el proceso de regularización lo hemos conocido esta semana, con la propuesta de zonificación presentada por el Consell de Mallorca y que, a grandes rasgos, divide la isla en siete áreas: cada una con distintos grados de restricciones, aunque de forma resumida podríamos hablar de tres niveles de protección. El primero corresponde sobre todo a la Serra de Tramuntana y supone una prohibición absoluta del alquiler turístico. En el extremo opuesto se hallan otras zonas de Mallorca, tanto del interior como del litoral, en las que la liberalización del alquiler vacacional será absoluta durante los 365 días del año. Y en una posición intermedia se encuentra un área más extensa que las dos anteriores, que permitirá el alquiler todo el año, tanto en viviendas unifamiliares como plurifamiliares por un máximo de sesenta días. Hay que destacar también que el municipio de Palma queda excluido de esta división territorial, ya que presentará próximamente su propio proyecto por barrios.

? Estamos ante una importante propuesta, abierta a las alegaciones de los municipios y de los ciudadanos, que sólo será definitiva cuando se apruebe dentro del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), seguramente en el primer semestre de este año. Las reacciones de la sociedad mallorquina han sido inmediatas y en buena medida negativas, aunque sea -de nuevo- por motivos dispares. Si para unos el actual proyecto de zonificación turística no deja de ser un caballo de Troya que liberaliza en exceso las viviendas vacacionales, para otros -como manifestó el pasado lunes el presidente de la PIMEM- se trata de un “ataque directo a los pequeños autónomos y pymes”. Son muchas las cuestiones que quedan por resolver y que afectan -insistimos- a asuntos fundamentales para Mallorca, como la oferta de alquiler a largo plazo o la sostenibilidad de las infraestructuras. Y, precisamente porque no existen soluciones ideales que puedan contentar plenamente a todo el mundo, conviene extremar la precaución a fin de no cerrar en falso un debate decisivo para la cohesión social y el futuro de nuestra isla.