Leíamos el otro día en la prensa nacional que los nuevos contratados cobran cien euros menos que los nuevos pensionistas: una media de 1.230 euros en el caso de los primeros frente a 1.332 de quienes se jubilaron el año pasado. Es una interesante constatación, siempre que su objetivo no sea enfrentar a quienes acceden por primera vez a un mercado laboral dominado por la precariedad del empleo con los que finalmente acceden a una jubilación para cuyo disfrute estuvieron cotizando durante toda su vida laboral.
Continuamente se publican noticias alarmantes sobre el estado de la hucha de las pensiones: es como si se tratase de preparar a los jubilados para un eventual recorte de sus derechos, de continuar las cosas como hasta ahora. Si no se hace de momento no es seguramente porque nuestros gobernantes estén demasiado preocupados por la suerte de los mayores, sino sobre todo por el miedo a la posible repercusión en su intención de voto: los jubilados suelen votar a los partidos conservadores.
De hecho, quienes viven de su pensión, y a veces tienen que alimentar con ella también a sus hijos o nietos en paro, ven disminuir cada año que pasa su poder adquisitivo por culpa de la inflación ya que aquélla está prácticamente congelada pese a los que diga el Gobierno del PP. Éste se ufana del crecimiento del PIB y la paulatina salida de la crisis, lo que no se compadece con la devaluación salarial y el aumento de la desigualdad y la pobreza en el país hasta extremos cada vez más preocupantes. Si la economía española crece, no es precisamente gracias a la acción del Gobierno, sino sobre todo por causas ajenas como la política monetaria del BCE, los favorables precios del petróleo y también el espectacular auge del turismo, un sector que, sin embargo, genera empleo de baja calidad, estacional y mal pagado. Lo que parece cada vez más claro es que con salarios muchas veces de auténtica miseria, empleos precarios y un modelo de crecimiento centrado en sectores de bajo valor añadido como es por desgracia el nuestro, difícilmente podrá salirse del actual círculo vicioso.
Tratar de hacer una economía más competitiva a base de rebajar salarios y explotar a los trabajadores en lugar de invertir cada vez más en educación, en investigación y desarrollo como hacen otros países de nuestro entorno es tener una venda en los ojos. Sobre todo si a ello se añade un sistema tributario como el nuestro que no contribuye precisamente a la redistribución de la riqueza debido al peso excesivo de las cotizaciones sociales y de los impuestos indirectos frente a los directos.
Si a eso añadimos todo el dinero que escapa anualmente al fisco aprovechando los resquicios legales o simplemente gracias a la más descarada evasión de impuestos, comprenderemos la enorme falacia de quienes tratan de alarmarnos una y otra vez con la difícil sostenibilidad del Estado social.
