Una de las habilidades inexplicables del nacionalismo periférico ha sido la de acrecentar su prestigio durante las primeras décadas del sistema democrático. En Cataluña, el catalanismo fue combativo frente a la dictadura franquista y Jordi Pujol, quien llego a estar encarcelado, logró una gran legitimidad democrática en la oposición, que le brindó peso específico durante la Transición. Miquel Roca, un tibio catalanista con gran visión política e intensa formación jurídica, contribuyó admirablemente al consenso constitucional y realizó aportaciones valiosas a la Carta Magna.
Posteriormente, Convergència i Unió, una amplia coalición de centro derecha catalanista que desde primera hora gobernó Cataluña y consiguió una minoría influyente en el parlamento español, contribuyó a la gobernabilidad en el Estado, bien es verdad que a cambio de importantes concesiones institucionales y económicas para Cataluña. Sostuvo a Felipe González en los últimos años de su presidencia, cuando ya comenzaba a flaquear su respaldo parlamentario, y, sobre todo, a Aznar, a quien dio acceso a la presidencia en 1996.
Aquella respetabilidad se basaba en un axioma sobreentendido que sólo de tarde en tarde se explicitaba: aunque en el programa máximo de CiU, como en el de todos los partidos nacionalistas, estaba la independencia, aquel era un desiderátum que jamás se plantearía, por inviable y porque supondría una ruptura de la convivencia interna en el seno del propio Estado. Esquerra Republicana de Cataluña nunca ocultó en cambio sus pretensiones separatistas, pero precisamente por ellas tuvo una representación muy minoritaria frente a CiU; el equilibrio interno del nacionalismo sólo empezó a modificarse a favor de ERC a partir del 2000, cuando, por razones que no caben en este artículo, CiU rompió los puentes con el PP de Aznar, Esquerra Republicana creció alimentada por la agresividad de Madrid, se formó el tripartito y Maragall emprendió una dudosa huida hacia delante con la formación de aquella explosiva alianza.
Pues bien: aquella convención se ha roto y el nacionalismo otrora moderado se ha volcado en el más descarnado independentismo, con todas las características desagradables de semejante adscripción en un Europa que, como conviene recordar, se ha sumido no hace tiempo en dos grandes guerras mundiales -verdaderas tragedias planetarias„ a causa de un nacionalismo étnico, egoísta e insolidario que no se diferencia demasiado, en los fundamentos intelectuales, del que exhiben los puigdemont y los junqueras.
Ello obliga a modificar el concepto que se tenía del nacionalismo catalán, tanto desde el punto de vista político y moral cuanto desde el punto de vista jurídico. Desde aquella óptica, hay que decir con claridad que el independentismo basado en la hostilidad al otro es una forma solapada, o no tan solapada, de racismo, como ha recordado recientemente en un atinado artículo el profesor Francisco Rico. Hay en el fanatismo que han mostrado los independentistas catalanes un esencialismo indecente que les llega a convencer de que el fin justifica los medios, y el concepto de pueblo que utiliza se vuelve excluyente puesto que expulsa por definición a quienes se oponen a sus designios.
Desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Supremo nos ha iluminado sobre un desarrollo que no pareció tan claro hasta que no ingresó en las estancias forenses. Como ha escrito Ruiz Soroa, muchos nos hemos dado cuenta tardíamente de que "en España ha tenido lugar un intento de revolución radical (ya dijo Kelsen que la secesión para un Estado es la revolución) y [?] asistimos a una no menos radical reacción del Estado, entendido como poder institucionalizado. Lo curioso (y probablemente impredecible) es que a la cabeza de esta reacción se ha puesto un poder estatal casi siempre secundario y reactivo, el judicial, que ha tomado la iniciativa de defender al Estado a través de las elites tecnoburocráticas de la fiscalía y el Tribunal Supremo". En otras palabras, el poder judicial se ha percatado de que quienes han violentado las leyes vigentes -incluso las que el Parlamento de Cataluña se había dado„ no son unos políticos audaces que hacen lo que sea para cumplir un supuesto mandato popular, sino unos infractores de las grandes leyes, unos delincuentes en una palabra. Como Maciá y Companys en 1931 y 1934 respectivamente.
