Difícilmente la opinión pública podrá entender que un año más tengamos que arrancar un ejercicio sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) confeccionados en tiempo y forma. La cuestión catalana es el pretexto que exhiben el gobierno y los partidos que deberían haber negociado con él las cuentas públicas para haber postergado una tarea legislativa que es por definición la más importante del año en cualquier democracia y cuya carencia lesiona intereses relevantes.
La prórroga automática de los presupuestos de 2017 (de los que hay que restar 276 millones en partidas que han finalizado el ejercicio pasado) impide evidentemente la adaptación de las cuentas públicas a las nuevas realidades y el cumplimiento de los acuerdos y declaraciones que incidían en ellas.
El Gobierno aprobó a principios de julio el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, y consiguió el respaldo en el Parlamento de Ciudadanos, PNV y los partidos canarios. Después, con la crisis catalana, el Gobierno rebajó en el plan presupuestario remitido en octubre a Bruselas sus previsiones de crecimiento para 2018, del 2,6% al 2,3%, al estimar un impacto de 5.000 millones de euros por la crisis catalana, al tiempo que elevó en una décima, hasta el 2,3%, su estimación de déficit. Sin embargo, Rajoy manifestó que si volvía la normalidad a Cataluña tras las elecciones, el Ejecutivo podría elevar las previsiones de alza del PIB español para el próximo año al 2,8% o al 3%, por lo que está pendiente (o no) una nueva actualización del cuadro macroeconómico. En cualquier caso, vivimos en una realidad inestable y deslizante, que a nadie beneficia. Porque la incapacidad de pactar los PGE no es la única y la impotencia se extiende a prácticamente todos los rincones de la vida pública: en lo que lleva este gobierno ejerciendo su función en minoría (cuenta con 137 escaños), la oposición no ha sido capaz de impulsar modificación alguna de las leyes en exceso partidistas que aprobó en su etapa 2011-2015 en que gobernó con mayoría absoluta (LOCE, ley de Seguridad Ciudadana), ni impulsar pacto de Estado alguno, salvo en el caso de la violencia de género.
La inexistencia de presupuestos produce un sinfín de efectos negativos. Sin ánimo de exhaustividad, impide la subida salarial de los funcionarios y la regularización de los 250.000 interinos que se iban a funcionarizar en tres años. Hará inviable la rebaja del IRPF en unos 2.000 millones de euros para que los asalariados que cobren menos del 14.000 euros anuales no deban realizar declaración, y al tiempo impedirá el aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas y las ayudas a las familias con hijos de 0 a 3 años para las guarderías acordados por Rajoy con Ciudadanos. Tampoco saldrán adelante otras medidas acordadas con Ciudadanos, como la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil; y asimismo las partidas para avanzar en el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras.
Además, las comunidades autónomas no verán incrementados sus recursos aunque se incrementen los ingresos, ni subirán los anticipos a cuenta. Ni el pacto de Estado suscrito a finales de diciembre contará con la financiación adecuada. Tampoco el cine verá reducirse el IVA del 21% al 10% según lo prometido por el Gobierno?
El Ejecutivo cuenta con el apoyo de Ciudadanos, PNV y los pequeños partidos canarios. El PNV, que ha aprovechado la inferioridad del Gobierno para mejorar el concierto y actualizar el cupo, esta remiso porque teme que se le achaque complicidad con los promotores de la aplicación del artículo 155. El impase es intolerable y habrá que aclararlo cuanto antes, porque el país no puede estar a merced de intereses tan nimios, que condicionan la normalidad y el progreso. O hay presupuestos enseguida, o habrá que exigir sin contemplaciones la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones.
