Hoy se cumplen 39 años del referéndum constitucional que convalidaba con amplísimo apoyo aquella carta magna del consenso y la democratización del país tras una modélica negociación entre las distintas fuerzas que representaban a los sectores más avanzados del régimen anterior, la oposición democrática a la dictadura de dentro y del exterior y los grupos emergentes que salieron a la luz durante el proceso. La legitimidad de aquella Constitución fue rotunda ya que la consulta, pese a las deficiencias del censo por falta de uso, logró una participación del 67,11% de los mayores de 18 años -hubo que añadir precipitadamente a los jóvenes de entre 18 y 21 años-, con más de un 88% de síes y apenas un 8 % de noes. Cataluña fue la cuarta en porcentaje de síes -por encima del 90%-, tras Canarias, Andalucía y Murcia, y las aprobaciones más tibias fueron las del País Vasco, con el 69% de votos afirmativos, y Navarra, con el 75%. El País, que ya había cumplido dos años, publicó una información sobre el referéndum titulada "Cataluña, más entusiasta que Madrid".
Aquella ley fundamental no sólo sirvió para regular el Estado democrático sino para diseñarlo (fue en parte una ley procesal): en efecto, el título VIII no describía nuestro actual Estado de las autonomías sino que desarrollaba las normas de procedimiento para establecerlo. Los conjuntos provinciales que quisieron se agruparon en comunidades autónomas; las históricas, utilizaron un procedimiento abreviado -el del artículo 151- para constituirse, en tanto las demás hubieron de utilizar el del artículo 143 (con la excepción de Andalucía, que quise sumarse a las históricas). Cada comunidad tuvo que elaborar un estatuto (artículo 146) y asumir las competencias que creyeran oportunas de un listado complejo (artículo 148). El Estado, por su parte, se reservaba una larga serie de competencias exclusivas (artículo 149). La carta magna reconocía asimismo, en su disposición adicional primera, los derechos históricos de los territorios forales, dentro de la Constitución y en el marco de los estatutos de autonomía.
El resultado de la apertura de aquel proceso es el actual Estado de las autonomías, un modelo cuasi federal pero heterogéneo y asimétrico. Hubo dos grandes pactos autonómicos, uno de 1981 (tras el golpe de Estado de 23-F), recentralizador, y otro uniformizador de 1992, suscrito entre González y Aznar, que equiparó las autonomías de vía rápida con las de vía lenta; además, a partir de 2006, Cataluña y otras comunidades (Valencia, Balears, Andalucía, Aragón, Castilla-León, Navarra, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha) reformaron sus estatutos. La reforma catalana fue parcialmente revocada por el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, la Constitución sólo ha sido reformada dos veces: una primera, para someterse a los Tratados comunitarios en lo tocante al derecho de participación de los extranjeros en las elecciones Municipales. Y una segunda, muy controvertida, del artículo 135 en 2011, para establecer el concepto de estabilidad presupuestaria y dar primacía al servicio de la deuda sobre cualquier otro gasto del Estado. En lo sustancial, la Constitución que rige hoy es idéntica a la de hace cuatro décadas.
Sólo esta razón biológica justificaría la reforma. El anacronismo es inevitable por el propio paso del tiempo. El modelo de organización territorial requiere una reflexión, una revisión y un nuevo y gran consenso (difícil de lograr pero no imposible) en una dirección federalizante (Alemania podría ser el modelo). Determinados derechos sociales, que han adquirido un carácter preponderante, han de ser reforzados. La integración en Europa, que transfiere voluntariamente a Bruselas gran parte de la soberanía nacional, ha de constar con la debida solemnidad en la ley fundamental? Nuevas sensibilidades políticas, que no tenían entidad hace cuarenta años, deben ser convocadas también al consenso? Y el propio rejuvenecimiento otorgará mayores dosis de legitimidad subjetiva a una norma que, sin embargo, ha de conservar las cuadernas maestras porque continúan intactas y siguen dando buen servicio a la nave del Estado. 39 años después conviene el aggiornamento; debemos intentar todos estar a la altura del requerimiento.
