Aunque pueda parecer paradójico, Mallorca y Silicon Valley, en San Francisco, comparten realidades parecidas. Ambos lugares constituyen geografías de éxito, que atraen talento internacional y un buen número de inversiones. Ambos capitalizan los efectos competitivos de la innovación: nuestra isla en lo que concierne a servicios y oferta turística, la ciudad californiana en lo que tiene que ver con las start-ups tecnológicas, la ciencia y el I+D. El clima de ambos lugares es mediterráneo y su población mayoritariamente joven. El acceso a vuelos y las redes de comunicación son buenas, su demografía cambiante e internacional. Hay diferencias obvias, por supuesto, y muy destacadas: la principal, que el sesgo de Silicon Valley es hacia la innovación pura y dura y que la calidad de su entorno universitario resulta indiscutible, algo de lo que no podemos jactarnos precisamente en Mallorca. Pero los puntos en común son muchos, así como el trasfondo de algunos de nuestros problemas. Uno de los más evidentes -compartido por tantas ciudades de éxito- es el sobrecoste de la vivienda y su dificultad a la hora de acceder a la misma.
Un largo artículo publicado en The New York Times el pasado mes de junio explicaba la brutal inflación que se cierne sobre los activos inmobiliarios de la región californiana. Con unos alquileres inasumibles para buena parte de la población, Silicon Valley, la cuestión que se abre es cómo frenar la subida de unos costes que termina por perjudicar no solo ya a los ciudadanos que allí viven, sino el mismo desarrollo de la zona y su potencial de futuro. Los alquileres altos supone atraer menos talento joven -de entrada, el más innovador y el más dispuesto a asumir riesgos- que preferirá irse a otros entornos competitivos económicamente más asequibles, a la vez que se expulsa a un buen número de trabajadores cuyos salarios sencillamente no les permite vivir en la ciudad o en sus suburbios. Y uno de las propuestas que ha vuelto a ponerse sobre el tapete es el de limitar el precio de los alquileres: es decir, establecer un tope máximo al mismo.
Por supuesto, regular el coste del alquiler ofrece indudables beneficios, pero también muchos inconvenientes. Algunos de estos inconvenientes resultan obvios, como desincentivar la construcción de nuevos apartamentos -lo que reduciría a la larga la oferta de casas- o no invertir en el mantenimiento de los mismos, ya que los alquileres podrían no resultar rentables. Pero el debate abierto en California no es muy distinto al dilema que viven tantas otras ciudades y regiones de éxito: ¿cómo hacer compatible la necesidad de atraer talento e inversión con la equidad social y la mejora de la calidad de vida? ¿Cómo evitar la consolidación de guetos económicos que refuercen las peligrosas dinámicas de fractura social? Sin alternativa a estos dilemas, el futuro de las regiones se oscurece y el potencial de las sociedades se debilita.
El problema de los alquileres en Mallorca -y su falta de soluciones- forma parte de este relato global que traslada el talento y el capital hacia unos lugares concretos (y no otros). Sin un alojamiento digno y abundante, a precios asequibles, la competitividad turística se verá mermada, el malestar social se incrementará y la musculatura necesaria para el ahorro quedará reducida a cenizas. Sería recomendable, por tanto, no atenerse a remedios homeopáticos y convertir el acceso a la vivienda en un auténtico objetivo de Estado.
