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Camilo José Cela Conde

Desproporciones

¿Es desproporcionada la medida preventiva de prisión incondicional dictada por la jueza Lamela para la totalidad de los miembros del Govern catalán menos el exconseller Santi Vila? Eso sostuvieron tanto la presidenta Armengol como la portavoz Costa ante este diario el viernes de la semana pasada, nada más conocerse la noticia de la entrada de los políticos en la cárcel. Pilar Costa detalló en la edición digital del Diario de Mallorca las razones que le llevaban a calificar así la decisión judicial. Dejó claro que no estaba entrando en las cuestiones jurídicas; su punto de vista era político y, en palabras textuales, sostenía que "los tribunales aplicarán las medidas que consideren que corresponden, pero la solución a este conflicto territorial no vendrá de manos de tribunales ni de jueces: es un conflicto político y solo se resolverá con política y con diálogo".

No puedo estar más de acuerdo con la portavoz de nuestro Govern. Cabe esperar que los tribunales apliquen las medidas que corresponde aplicar; la solución al problema no vendrá de ningún tribunal y los conflictos políticos no admiten otra salida que la política, basada en este caso en el diálogo que ha brillado por su ausencia. Creo que cualquier persona de sentido común estará de acuerdo en esas cuatro premisas. Pero tal y como se han sucedido los acontecimientos nos encontramos en un momento en el que el diálogo es imposible. Habrá que esperar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre para saber quiénes tienen que dialogar. Así que, tanto el viernes pasado como ahora mismo, hablar de desproporción es ambiguo y obliga a detallar a qué nos estamos refiriendo. ¿A que para el futuro político inmediato habría sido mucho mejor que la juez Lamela no encarcelase a nadie? Por supuesto. Pero por suerte o por desgracia en el reino de España hay separación de poderes: el Ejecutivo no puede dictar al judicial la forma de actuar.

Es lo que no parece entender el expresidente Puigdemont cuando desde su refugio belga reclama garantías. En realidad lo que pide es que las garantías de aplicación independiente de la ley desaparezcan y se le ofrezca una salida política, digna o no. ¿Cabe hacer tal cosa? En contra de lo que sostienen los independentistas, fueron los tribunales y no el Gobierno quienes ordenaron a la policía que abortase el referéndum ilegal del 1-O. Es la jueza Lamela, no el presidente Rajoy, quien ha metido en la cárcel a Oriol Junqueras y sus compañeros de gobierno. Y la separación de poderes tiene eso: que es incómoda, y hasta perjudicial en ocasiones para la estrategia política. Pero sería muchísimo peor que no existiese. Es deseable que el Fiscal general del Estado, el único que sí que está a las órdenes del presidente del Gobierno, hablase menos y actuase con más prudencia. Pero a los jueces hay que dejarles actuar con la única proporcionalidad posible y deseable: la de que se ajusten de forma escrupulosa a las leyes.

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