Hoy, Puigdemont desvelará el enigma: esta tarde, en su intervención en el Parlament de Cataluña, saldremos de dudas y conoceremos si la polémica existente en el seno del soberanismo se ha decantado hacia las tesis de los más moderados, en cuyo caso la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) quedaría en suspenso, o si por el contrario se han impuesto la tesis de los más radicales, en cuyo caso el Estado tendrá que tomar medidas proporcionadas a la gravedad de la amenaza. Una amenaza más bien retórica -como ha reconocido Artur Mas en la prensa británica le faltan muchas cosas a Cataluña para poder alcanzar la independencia en la práctica- pero que el Estado de derecho ya no puede asumir pasivamente.
En los últimos días, la situación catalana ha evolucionado, y no sería realista dejar de verlo. Por una parte, los dos grandes bancos catalanes y un sinfín de empresas se han deslocalizado ante la manifiesta incertidumbre sembrada por un soberanismo que ha amenazado con reconocer la validez de la parodia del 1-O. Y, por otra parte, estas decisiones, que desmienten y dejan en ridículo a los líderes nacionalistas, han movilizado a las muchedumbres hasta ahora pasivas que no son soberanistas, ni aceptan la ruptura del Estado, ni se pliegan a ello, y que permanecían desorientadas y llenas de dudas porque, como parece evidente, el ejercicio pacífico de los derechos democráticos no genera vehemencia alguna ni sugiere la necesidad de salir a la calle a reivindicar la normalidad. Sin embargo, la magnitud de la amenaza y la marcha de sectores fundamentales del sistema económico catalán han actuado a modo de catalizador, y la tópica "mayoría silenciosa" se ha hecho visible y ha empezado a manifestar su irritación.
En la muy nutrida manifestación del domingo, Borrell, tan cabal y convincente como siempre, se preguntó retóricamente si las empresas que finalmente han salido de Barcelona o han anunciado que piensan hacerlo si se produce la declaración de independencia no lo podían haber anunciado antes, de forma que hubiera quedado al descubierto con la debida anticipación la gran mentira que habían urdido los soberanistas, con Mas, Puigdemont y Junqueras al frente (los tres habían desmentido rotundamente con suficiencia y hasta con ironía que tal eventualidad llegara a suceder alguna vez). Tiene razón el exministro, pero, por otra parte -no hay mal que por bien no venga-, ha sido aleccionador el hecho de que La Caixa y el Banco de Sabadell no se hayan ido por un arrebato ideológico sino porque la propia realidad les ha empujado a ello. La salida de los bancos, que se sentían evidentemente incómodos en un territorio en el que se empieza a fisurar el estado de derecho, se ha vuelto imperativa en el momento en que las entidades se derrumbaban en Bolsa y los clientes empezaban a retirar sin miramientos sus depósitos. Si tales entidades quedaran fueran del alcance de su regulador, que es el BCE, ni siquiera los depositantes tendrían el amparo del fondo de garantía de depósitos?
En definitiva, se pudieron ir antes, y desde luego pudieron haber manifestado con más valentía su opinión contraria al disparate que estaban urdiendo los nacionalistas, pero esta salida precipitada que acaba de producirse sirve para constatar que la independencia es una locura irrealizable -y no sólo de Cataluña, sino de cualquier territorio de la Unión Europea- porque las interrelaciones son tan estrechas que la salida equivale a un suicidio. Político y económico a la vez. Fuera de la UE hay un limbo que los catalanes no se merecen, por lo que el Estado español habrá de actuar en consecuencia. Si Puigdemont da el paso y comete el disparate, las medidas políticas del artículo 155 deberán sobreponerse a las judiciales ya adoptadas para dar paso a una catarsis que permita el retorno paulatino a la normalidad, la clarificación de los vectores ideológicos que han forzado la situación presente y la convocatoria de un nuevo proceso electoral, previo a un reconsideración tranquila del Estado de las autonomías en el ámbito político y parlamentario.
