Ha habido, ciertamente, en la Unión Europea algunas declaraciones rotundas sobre la improcedencia de la secesión de Cataluña. La Comisión Europea, por boca de diversos portavoces, ha insistido en que si Cataluña se independizase, dejaría de formar parte de la Unión y de la Eurozona, y debería, si lo desease, adherirse de nuevo cumpliendo los trámites como un país tercero. Algunos políticos, generalmente sin mando en plaza - Manuel Valls ha sido uno de los últimos-, han evidenciado que la ruptura sentaría un precedente muy peligroso. Varios medios de prestigio, como The Economist, han subrayado la ilegalidad de la tentativa, que sería una especie de golpe de Estado, y algunos analistas han llegado a decir que si prosperase esta intentona, saltaría todo el sistema de fronteras en equilibrio que se consolidó trabajosamente tras la Segunda Guerra Mundial?

La pregunta parece inevitable: ¿han podido hacer más los socios de la UE y las propias instituciones europeas para frenar la secesión, en lugar de considerar el problema un "asunto interno" español? Si la Constitución española de 1978 forma parte del acervo jurídico comunitario, ¿no hubiera sido lógico que los grandes estados europeos hubieran recordado a los secesionistas que el concepto de estado de derecho se extiende a todo el tejido comunitario, por lo que cualquier violación sistemática del mismo sería perseguida colectivamente?