Un estudio del IAW de la Universidad alemana de Tubinga, especializada en evaluar las economías informales, nos informa de que el 17,2% de la riqueza española, casi la quinta parte del total, es opaca, constituye lo que se llama 'economía sumergida', que, lógicamente, no paga impuestos ni utiliza los sistemas tasados de contratación laboral. Nuestro país ocupa el tercer lugar de este deshonroso ranking, y está por detrás de Grecia (21,5%) e Italia (19,8%). El cálculo se ha efectuado mediante sofisticados modelos matemáticos, cada vez más afinados, pero la realidad es que distintas sedes académicas han efectuado distintas evaluaciones de unas actividades que no son transparentes por su propia definición. Se da sin embargo el caso de que otros cálculos semejantes todavía nos dejan en peor lugar. Así por ejemplo, según el académico austríaco Friedrich Schneider, considerado una lumbrera en esta especialidad, nuestra economía sumergida representaba el 24,5% del PIB en 2015.
Los efectos perturbadores de semejante situación son tan obvios que no valdría la pena describirlos si no fuera para estimular alguna reacción del poder público. Es claro que esta actividad opaca es insolidaria -no tributa y compite deslealmente con quienes están a la luz y pagan impuestos„, genera empleo de pésima calidad, no forma a los trabajadores, etc. Y en todo caso, estas cifras revelan el atraso y la corrupción de nuestras administraciones, incapaces de establecer un verdadero control sobre la actividad y el trabajo, y de sacar a la luz estas actividades que son una rémora en distintos sentidos.
