Los primeros días del pasado mes de agosto, Donald Trump declaraba el desmesurado uso de opiáceos en su país como "emergencia nacional", esgrimiendo argumentos que cuando menos justifican un análisis pormenorizado de la situación. "Es un problema mundial y no sólo de EE UU -afirmaba-. Nunca ha habido algo parecido a lo que está ocurriendo en los últimos cuatro o cinco años€". "El control federal había decaído a extremos inadmisibles y vamos a reactivarlo gastando tiempo, esfuerzo y mucho dinero".
Las reacciones no se han hecho esperar. Las organizaciones sanitarias y la mayoría de políticos han acogido favorablemente la iniciativa y por el contrario Tom Price, secretario del Departamento de Salud (HHS: Health and Human Services), opina que no sería precisa dicha declaración de emergencia, más oportuna frente a problemas puntuales y limitados en el tiempo, caso, por ejemplo, de la epidemia por virus Zika. Ante criterios encontrados parece oportuno acudir a los datos que puedan refrendar una u otra posición, aun cuando se conoce el llamativo incremento en el uso de psicofármacos y drogas de gran poder adictivo varias décadas atrás, incluido entre otras el LSD, a lo que contribuyó en alguna medida la campaña continuada en su favor por parte del inglés Timothy Leary y el conocido eslogan tras el suicidio de su esposa -"Turn on, Tune in, Drop out" (¡Enchufa! ¡Sintoniza! ¡Sal!)-, que causó furor entre muchos hippies de la época y los indujo a su consumo.
En EE UU, la dependencia de las mismas por motivos varios (espontánea o consecuencia de una inicial prescripción médica), parece efectivamente haber adquirido el carácter de epidemia que muchos Estados subestiman y con grandes discrepancias entre ellos. Se cifra entre dos y tres millones el número de adictos a heroína u otros opiáceos que en principio fueron tal vez recetados para paliar el dolor. Según recientes publicaciones, 142 americanos (cinco veces más que veinte años atrás) mueren diariamente por sobredosis, lo que supera la suma de fallecidos por arma de fuego y accidentes de tráfico. Si en 1999 el porcentaje era de 0,8 por cada 100.000 habitantes, en 2007 rondaban los 2,7/100.000, habiéndose duplicado como causa de muerte en adolescentes de entre 15 y 19 años (de 1,6/100.000 en 1999, a 3,7 en 2015). A mayor abundamiento y en esos quince años, se han doblado las muertes por tal causa en los servicios hospitalarios de cuidados intensivos, con un aumento de ingresos de pacientes en estado crítico, por dicho motivo, que ronda el 35%.
En cuanto a España el problema no parece haber alcanzado cotas semejantes, y ese 0,3% aproximadamente de la población que en alguna ocasión ha consumido heroína es inferior al que se reportaba en los años 70-80, lo que no es óbice para que convenga seguir con atención los programas preventivos o de deshabituación que pudieran implementarse allí, por si fuesen en buena medida extrapolables. Se habla, entre otras acciones, de activar, debidamente actualizados, los protocolos al uso por el Servicio Público de salud, así como promover la investigación en dicha área mediante la concesión de numerosas becas. Podría también modificarse la normativa sanitaria con relación a la prescripción de opiáceos, así como las políticas de venta y precio de los mismos; se conoce que muchos adictos acuden al mercado privado/negro tras el alta o por inicial falta de acceso a la red sanitaria pública (con manifiestas carencias en EE UU) y, por lo mismo, se potenciaría el oportuno tratamiento de drogodependencias por parte de Medicare y Medicaid.
Junto a todo lo anterior, en espera de mayor concreción y cuya eficacia precisará de algunos años para ser comprobada, se pone especial énfasis en el control del narcotráfico y es de todo punto razonable asumir su necesidad. No obstante, la mayor parte de la heroína llega a EE UU procedente de México, lo que lleva a preguntarse si será ése el interruptor que ha encendido una bombilla en el cerebro de Trump (le iba haciendo falta), proveyéndole de un argumento adicional para justificar el muro y consiguiente cierre de frontera con el país vecino. Porque no deja de llamar la atención que otras urgencias nacionales (manifiesta inequidad sanitaria, racismo subyacente, deterioro progresivo de sus relaciones internacionales€) se pospongan, para cobrar primacía, junto a la presión sobre Corea del Norte o el mirar hacia otro lado cuando de cambio climático se trata, precisamente las drogodependencias.
El caso es que, para emergencias nacionales, no parece que ningún referéndum (¡no vaya por dicha la palabrita!) colocase las adicciones entre las primeras a considerar. Entre nosotros, quizá se situasen en cabeza la formación continuada de quienes están facultados para tomar decisiones, mayor diálogo institucional, el desempleo entre jóvenes, los salarios de miseria o, por no abundar en la misma, las sobredosis pero de ombliguismo, que no de cocaína o ansiolíticos. Por lo que hace a EE UU y sin desmerecer la iniciativa por si cualquier año llegase a buen puerto, la emergencia que precisa de una pronta solución es la propia presencia de Trump en la Casa Blanca y todo lo demás, siquiera a primera vista, salidas por la tangente.
