Uno se pregunta cómo es posible que en uno de los países más desarrollados del mundo, pueden calar algunos discursos tan irracionales y alejados de la realidad del siglo XXI. Este artículo no va de Trump. Yo sé que molesta, pero España, con perdón, es uno de los países más desarrollados del mundo. Si me pongo a enumerar los problemas de fondo que aquejan a nuestro país se me va la columna entera. Pero lo mismo sucedería analizando los casos de Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos o Japón, cada uno con sus cuitas. Sin embargo, en ninguna de estas democracias avanzadas se produce un cuestionamiento de sus sistemas judiciales como el que se viene observando en España desde hace tiempo. Este artículo tampoco va del golpismo en Cataluña.
La justicia no se puede construir desde el tremendismo. Que esto suceda en la redes sociales parece inevitable. Un tipo detrás de un pseudónimo sólo puede ser un justiciero, jamás un juez. El problema surge cuando ese corriente que mezcla ira e ignorancia a partes iguales logra imponer un discurso que va calando en otros estratos de la sociedad. Hoy la prudencia en el juicio parece un signo de debilidad. El caso de Juana Rivas, la madre que retuvo ilegalmente a sus hijos y se negó de manera reiterada a cumplir los requerimientos judiciales, ha sido un ejemplo portentoso de una mayoría de políticos y medios de comunicación asumiendo un discurso antisistema. Cuando el asunto, como era de esperar, cruzó los límites del esperpento hubo que comenzar a rebobinar. Eso sí, nadie asumió las declaraciones previas, ni las chapuzas informativas, ni unas opiniones demenciales que situaban a España en el incumplimiento de sus propias leyes y fuera de los tratados internacionales que hemos ratificado. Aquí lo que nos encontrábamos era un grupo de jueces y fiscales, la mayoría mujeres para más inri, dotados de un crueldad infinita y empeñados en joderle la vida a una pobre señora que sólo pretendía proteger a su hijos. Para conseguirlo, sus autos judiciales insistían en la orden de dejar a los dos niños en manos de un padre monstruoso.
Ya digo que en un primer momento la mayoría de medios de comunicación tragó con todo ese infundio que poco a poco se fue desmontando, pero lo preocupante es la velocidad a la que gran parte del periodismo serio se subió a ese tren de furia y analfabetismo jurídico. Y no es un caso aislado. No volveremos aquí a relatar el caso Alpha Pam. Un juzgado de Inca acaba de archivar la querella criminal contra la médico y el enfermero que atendieron al inmigrante senegalés. El auto reza textualmente que "desde el punto de vista médico legal, en todo momento el paciente fue asistido, diagnosticado y tratado". Por increíble que resulte, un juez ha tenido que aclarar que una persona puede ser asistida, diagnosticada, tratada? y morir sin ser asesinada. Provoca bochorno recordar lo que se dijo y se escribió en su momento sobre aquel asunto, y lo que algunos tuvieron que soportar. Como apuntaba Robert Louis Stevenson? "mi memoria es magnífica para olvidar". Pero no hemos tocado fondo.
Se está dando un nuevo impulso a esa bola de demolición de la credibilidad del sistema judicial. Todas las resoluciones de los tribunales son criticables en una democracia, y tampoco es exigible un doctorado cum laude para poder hacerlo. Basta el respeto por las mismas y un mínimo de sentido común. Pero el reproche personal, ad hominem, hacia los jueces que dictan una sentencia que no nos gusta es iniciar un camino de final imprevisible. Lo que se ha dicho y escrito sobre el juez que ha paralizado el rescate del túnel de Sóller, y ha suspendido el derribo de Sa Feixina es sencillamente repugnante. Y no me refiero a Twitter. Argumentar esas críticas en su pasado familiar, apuntando una suerte de determinismo ideológico en sus resoluciones por culpa de sus genes, es algo peor que burdo, es peligroso. En España hay algo más de 5.500 jueces, la mitad que la media de la Unión Europea en relación con la población. Esa prueba del algodón guerracivilista no la pasa ni dios, según quién la haga. Porque puestos en semejante absurdo, o te suspende la derecha o te suspende la izquierda. Pero no sólo en la judicatura, también en la universidad, el periodismo o la cultura. La memoria histórica no puede ser eso, pero hoy reclamas un país sin revanchas y te llaman fascista.
Claro que en todo este disparate, además de venganzas, subyace un debate de fondo. Hay quien pretende revisar el equilibrio de poderes, ese sistema de pesos y contrapesos que personajes de la talla democrática de Nicolás Maduro quieren reformular de la siguiente manera: nada ni nadie puede estar por encima de la voluntad popular, entendida de forma asamblearia y representada por un gobierno cuyas decisiones no pueden ser cuestionadas, ni siquiera con arreglo a la ley. Trump ganó unas elecciones, pero no se atrevió a ir tan lejos en sus planteamientos cuando los tribunales comenzaron a frenar sus fechorías en forma de decretos presidenciales. Y no he leído en ninguna parte que en Estados Unidos gobiernen los jueces y fiscales de izquierdas. Por algo Simone Weil definió a la justicia como "esa fugitiva en el campo de los vencedores".
