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Antonio Papell

2-O: en busca de interlocutores

La vicepresidenta senior de Moody´s Sarah Carlson y la analista Marisol Blázquez, coautoras del recién publicado informe sobre el conflicto catalán y sus implicaciones económicas para Cataluña y para España, consideran necesario satisfacer algunas de las principales demandas de Catalunya, como las relacionadas con mayores recursos fiscales y la reforma del marco de financiación regional, pero siempre respetando la Constitución española. La ubicación de estas analistas no es dudosa: a su juicio, el referéndum carece de legitimidad debido a "la ausencia de una base legal y de un umbral mínimo de participación".

Quiere decirse que incluso los observadores externos piensan que el conflicto, de cuya gravedad real todavía no somos conscientes, no puede zanjarse con la cancelación del referéndum: será preciso que el Estado -ese ente jurídico neutral que a todos nos acoge siempre que respetemos sus reglas- se muestre sensible a las demandas razonables que, junto a otras inaceptables y disparatadas, se han exhibido para justificar la voluntad rupturista.

No se debería ignorar que, junto al grupo de ciudadanos claramente independentistas, cuyas razones sólo pertenecen a sus miembros, hay un sector muy relevante de la ciudadanía de Cataluña, claramente mayoritario según las encuestas, que piensa que España no se ha portado bien con Cataluña, que existe por lo tanto un agravio que resolver, e incluso que el Partido Popular tiene una responsabilidad directa y clara en el entuerto, toda vez que vez que encabezó la campaña contra la reforma del estatut de autonomía y presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional que concluyó con la desnaturalización de aquella ley orgánica que ya había sido refrendada por los parlamentos español y catalán.

El PP y el PSOE, claramente aliados de nuevo en la gestión del modelo territorial (hay pocas dudas sobre la evidencia de que la crisis se ha debido siquiera en parte a la ruptura de este consenso básico durante todo el proceso de reforma estatutaria catalana), ya han convenido en crear una comisión parlamentaria sobre el sistema de organización del Estado en la que se pueda/deba debatir multilateralmente el conjunto de asuntos que deberían desembocar en un nuevo modelo territorial y en un sistema más perfeccionado de financiación autonómica. Muy probablemente, si esta entente se consolida y si se unen a ella otras formaciones (es esencial la presencia de Ciudadanos, que de momento se muestra reacia a ello), la reforma y consolidación del estado de las autonomías requerirá una reforma constitucional, que sólo podrá acometerse cuando las minorías antisistema hayan quedado reducidas a una dimensión que ya no genere inquietud (no se puede confiar en populistas que se apuntan frívolamente a la defensa de "la libertad y la soberanía de Cataluña").

En esta comisión, que deberá conseguir el prodigio de mejorar la posición de Cataluña sin agraviar a nadie y mediante un equilibrio armónico entre todas las comunidades, tendrán que desempeñar un papel eminente, además de las formaciones de ámbito estatal, las organizaciones nacionalistas democráticas (este adjetivo es en este caso no sólo retórico) que estén dispuestas al ensayo. Ya se sabe que la CUP no participará en semejante intento, pero es difícil de creer que el PDeCAT, e incluso ERC, no terminen entrando en razón e integrándose en los trabajos, que no serán ni fáciles ni rápidos. Y el Estado deberá ser generoso y permitir que se adhieran pronto personas que resulten legítimamente represaliadas tras la sedición que está teniendo lugar y que ya tiene todos los contornos de un golpe de estado blando.

Ciudadanos ya manifestado que preferiría, en vez de esa comisión , la creación de un grupo de grandes expertos, constitucionalistas, economistas, politólogos, etc., que efectuaran una propuesta que después sería debatida políticamente por el conjunto de las formaciones presentes. Ambas ideas, la de la comisión y la del grupo de expertos, no son incompatibles en absoluto: antes al contrario, sería deseable conjugarlas para facilitar un acuerdo que permita ver con optimismo un futuro a largo plazo de amistad y cooperación entre los territorios del Estado.

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