En los proyectos de Constitución de la República catalana se establece claramente que la soberanía nacional pertenece al pueblo de Cataluña. En ningún sitio se reconoce el derecho de autodeterminación para una comarca o una región de la futura Cataluña independiente. Si quieren, pueden verlo en la red buscando Constitució.Cat/Constituïm. Alguno de los proyectos anteriores reconocía el derecho a decidir para la comarca del Valle de Arán, pero ese derecho ha desaparecido de las versiones más recientes. Es decir, que ninguna comarca o ciudad de la Cataluña independiente podrá celebrar un referéndum de independencia aunque dos millones de ciudadanos se manifiesten por las calles. Eso sería inconstitucional y el futuro presidente de la República tendría que prohibirlo.
Lo digo porque estos días se oye a menudo la misma invocación al diálogo. "Dialoguen, dialoguen", repiten los sabelotodos -hoy en día todos somos sabelotodos-, igual que se repiten las torpes metáforas del choque de trenes entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Y también, cómo no, abunda la idea de que todo se debe a la cabezonería antidemocrática de Rajoy. "Si Rajoy quisiera -dicen los supuestos expertos-, se podría organizar un referéndum". Y como siempre, se añade la coletilla: "¿No se votó en Canadá? ¿No se votó en Escocia? ¿Y por qué no podemos votar nosotros?"
Habrá que repetirlo todas las veces que haga falta (y a este paso serán muchas): en Gran Bretaña no hay una Constitución en vigor que establezca la soberanía nacional ni la indivisibilidad del territorio. Y en Canadá tampoco hay una Constitución propiamente dicha, sino una amalgama de documentos constitucionales que se remontan a 1867, de modo que en ningún sitio se halla establecida la soberanía nacional canadiense ni la indivisibilidad del país. Por eso se pudieron celebrar dos referendos en Quebec (la región francófona), el de 1980 y el de 1995, que perdieron por muy pocos votos los separatistas.
Por mucho que quiera, Rajoy no puede aprobar un referéndum de independencia. Ni podría hacerlo Pedro Sánchez. Ni tampoco Pablo Iglesias, caso de que algún día llegara a gobernar el país. No podría ninguno de ellos porque, si lo hicieran, se estarían poniendo fuera de la ley y el Tribunal Constitucional podría inhabilitarlos y multarlos e incluso meterlos en la cárcel. Aunque no nos guste oírlo, las cosas son así. Hace dos meses, en julio, estuvo en Madrid Stéphane Dion, el político canadiense que impulsó la Ley de Claridad del año 2000 que establecía los requisitos para una nueva consulta pactada de independencia en Canadá. Cuando Dion estuvo en España, todo el mundo vivía ya pendiente del debate del referéndum catalán, pero su presencia pasó por completo inadvertida. Ni fue entrevistado en la televisión ni participó en debates ni nada de nada, cosa que podría habernos aclarado un poco las cosas, sobre todo entre nuestros expertos y sabelotodos que reclaman diálogo y que repiten que el pérfido Rajoy tiene la culpa de todo. Y es verdad que Rajoy tiene la culpa de muchas cosas, pero desde luego no la tiene a la hora de impedir un referéndum ilegal.
Hace dos meses, Stéphane Dion dijo unas cosas muy interesantes. Primero, recordó que lo raro no era que una Constitución -como la española- prohibiese la división de su territorio, porque eso era lo que hacían todas las Constituciones del mundo occidental. Lo excepcional -añadió- son los casos de Canadá y Reino Unido, que pueden autorizar los referendos porque no consagran la indivisibilidad del territorio en su ordenamiento constitucional. Después, Dion dijo otra cosa muy interesante: que en Quebec había cada vez menos partidarios de la independencia, sobre todo porque los jóvenes no querían escoger entre una u otra identidad ni entre una u otra lenga, el francés o el inglés. "Los jóvenes no quieren escoger entre dos identidades, quieren tener las dos identidades". Eso dijo Dion. Pero también dijo, y esto no es menos importante, que una Constitución perdía su legitimidad si restringía derechos reivindicados por un número considerables de ciudadanos. Se refería, claro, al referéndum catalán. Y Dion aseguraba que ese referéndum sólo se podría convocar si la negociación se llevaba a cabo siguiendo todos los trámites establecidos por la Constitución Española. Es decir, que antes habría que reformar la Constitución -lo que requiere una mayoría de dos tercios del Parlamento- y un referéndum de aprobación de la reforma celebrado en todo el país. En todo. Ni más ni menos.
Siento la pesadez de este artículo, pero hay cosas que deberíamos saber antes de ponernos a soltar alegremente la primera tontería que se nos ocurra. Los independentistas catalanes exigen al resto del país lo que ellos mismos no querrán conceder a nadie si algún día son independientes. Si quieren referéndum, deben seguir los procedimientos constitucionales. ¿Ven el intríngulis del asunto? Pues eso mismo.
