El rescate bancario que hubo que realizar inexorablemente para evitar el colapso de todo el sistema financiero español costó 54.353 millones de euros, una cantidad astronómica que, convenientemente prorrateada, supuso que cada español tuviera que aportar 1.167 euros. Ahora se nos dice que, una vez saneado el sistema, sólo se podrán recuperar 14.275 millones de euros, la cuarta parte de lo aportado. De donde se desprende que la golfería de nuestros banqueros -en realidad, no los banqueros profesionales sino los aficionados que fueron colocados por el establishment político al frente de las cajas- nos ha costado un ojo de la cara. Es cierto que hay varios procesos abiertos contra los desaprensivos que arruinaron aquellas instituciones de crédito, con el señor Rato como buque insignia de la tropa, pero no está claro que se exijan del todo los correspondientes resarcimientos y las debidas responsabilidades, que deberían alcanzar a los supervisores que no supervisaron y a los auditores que no auditaron y no permitieron prevenir la crisis.
Lo menos que habría que hacer, a la vista de estas cifras indignantes, sería la formación de una especie de fondo de salvamento, parecido al Fondo de Garantía de Depósitos, que tuvieran que aportar obligatoriamente todos los actores del sistema financiero para que la próxima vez que haya que rescatar a alguien, que la habrá, no tengamos que ser los contribuyentes las víctimas del nuevo latrocinio.
