El Procés autodeterminista, Punque cargado de triquiñuelas, no ha sido nunca secreto: los independentistas -es decir, Junts pel Sí y la CUP- han proyectado una hoja de ruta que se ha ido desarrollando conforme a lo previsto. Era público y notorio que se disponían a aprobar en la Cámara autonómica una ley del Referéndum y otra ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional dela República Catalana. También se sabía que convocarían por decreto un referéndum de autodeterminación para el día 1 de octubre y que tratarían de poner todos los medios necesarios para que semejante designio se cumpla; no en vano, la fecha se ubicaba tres semanas después del 11S, de forma que la Diada de ayer pusiera en marcha el clamor popular. Con anterioridad, tres años antes, el 9 de noviembre de 2014 se escenificó una consulta popular no referendaria, que fue dificultada pero no impedida por el Estado. La participación fue entonces del orden del 33% de los llamados a votar y hubo una gran mayoría de partidarios de la secesión porque, en aquellas condiciones, sólo los soberanistas convencidos se movilizaron. Como seguramente ocurrirá el 1-O.
El simple enunciado del plan advertía desde el primer momento que aquel proyecto adolecía de flagrante inconstitucionalidad por varias razones, dos en especial: en primer lugar, en una democracia como la nuestra, no está reconocido el derecho de autodeterminación de los territorios que la integran; y en segundo lugar, una cámara autonómica está facultada para legislar en los asuntos que le competen según su estatuto de autonomía, por lo que si se excede, sus disposiciones serán radicalmente nulas.
Todo esto lo sabía el Gobierno de la nación, que desde el primer momento se ha opuesto, como es natural, a una deriva fratricida y divisora que atenta contra la unidad nacional, uno de los principios constitucionales básicos por voluntad explícita del pueblo soberano que auspició y refrendó la carta magna que nos rige. Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado hacer, interponiendo los recursos que ha creído oportuno ante el Tribunal Constitucional e instando a la fiscalía a actuar cuando ha creído procedente hacerlo.
Frente al desafío soberanista, el Estado podía haber actuado de dos maneras distintas: bien interrumpiendo el proceso hacia el referéndum de autodeterminación aplicando criterios políticos y utilizando el artículo 155 de la Constitución, bien haciendo lo que se ha hecho: observar sin intervenir, acudiendo a los tribunales para que estos actúen con su cadencia parsimoniosa habitual.
Esta segunda vía es, seguramente, la más prudente -el Gobierno se ha mostrado obsesionado por la proporcionalidad de sus actuaciones frente al desafuero soberanista- pero también la más peligrosa e incierta. A los soberanistas, que como es lógico esperan escapar de la férula de Madrid lo antes posible, y están dispuestos a casi todo para conseguirlo, les importa muy poco que los tribunales españoles les amenacen con el fuego del infierno. Es, pues, previsible que se movilizarán todo lo posible para escenificar un simulacro de referéndum al que asirse en el futuro. El riesgo de disturbios no es imaginario, y en todo caso, una vez orquestada la movilización, cualquier actuación gubernativa habría de ser de una envergadura inabarcable: no se puede procesar a una muchedumbre, por lo que la amenaza a cientos de alcaldes, de funcionarios, de actores del turbión que se aproxima puede caer sencillamente en el vacío.
No se ha querido utilizar el artículo 155 de la Constitución para no dar al adversario la satisfacción de una medida excepcional. Pero se da el caso de que este artículo cauteloso está calcado de sendos artículos muy semejantes de las constituciones alemana e italiana. No es por lo tanto sospechoso ni exótico, y hoy podríamos estar negociando una salida al conflicto catalán desde una posición de fuerza del Estado, que es el que defiende el interés general. La renuncia a hacerlo nos sitúa en un escenario lleno de incertidumbres, en que el Estado puede quedar no sólo en inferioridad sino también en ridículo.
