Los sucesivos gobiernos de Balears, el de Antich (PSOE) y el de Bauzá (PP), tomaron la misma opción: prohibir que las empresas Uber y Cabify hagan competencia, manifiestamente desleal y hasta fraudulenta, a los taxis. Se trata de vehículos con chófer que fijan los precios que les da la real gana. El taxi queda a la intemperie. Bien, ambos gobiernos, surgidos de mayorías parlamentarias, a su vez emanadas de la denominada voluntad popular, manifestada en elecciones democráticas, han impedido que suceda en las islas el desaguisado que acontece en Madrid, donde el disparate ha puesto en el disparadero a los profesionales del taxi. Pero la decisión de los dos ejecutivos puede ser violentada por el Tribunal Supremo, que está en disposición, acogiéndose a determinados vacíos legales, de dejar sin efecto la prohibición, generando en Balears una conflictividad explosiva. Separación de poderes. Estado de Derecho. Los gobiernos sustentados en mayorías parlamentarias proponen; los tribunales disponen.
Prosigamos: un juez de lo contencioso administrativo, perteneciente a una saga familiar que ha dado una ministra de Justicia y dos magistrados, que en tiempos de la dictadura franquista presidieron el ominoso Tribunal de Orden Público, encargado de reprimir a quienes se oponían al régimen del general Franco, en sendas resoluciones, se ha cargado dos decisiones tomadas respectivamente por el Consell de Mallorca y ayuntamiento de Palma, instituciones cuyas mayorías, democráticamente elegidas, han optado por establecer la gratuidad del túnel de Sóller y la eliminación del monolito de sa Feixina. El magistrado lo ha impedido atendiendo a los requerimientos de la empresa en el primer caso y de ARCA, una organización supuestamente defensora del patrimonio e inmersa en una deriva ideológica que vaya a saber hasta dónde la llevará, aunque el destino final sea previsible, en el segundo. Salvaguardados los derechos constitucionales. Preeminencia del Estado de Derecho. Pero, ¿dónde quedan las atribuciones de las instituciones democráticas? ¿Puede un juez, un tribunal, torcer la voluntad popular que éstas representan? Al parecer, sí; el estado de cosas que ha devenido en España posibilita que sean los jueces quienes en todo momento atesoren la decisión final inapelable.
Si el Tribunal Superior de Justicia avala, cuando sea, que será tarde, lo acordado por el juez de lo contencioso administrativo, el Consell de Mallorca no establecerá, como había acordado, la gratuidad del túnel de Sóller; el Ayuntamiento de Palma no eliminará el monolito franquista. Si el Tribunal Supremo da autorización a las empresas que hacen una competencia imposible de contrarrestar al sector del taxi, la voluntad exhibida por los gobiernos de Antich y Bauzá, los de Balears, será papel mojado.
¿Queda así plenamente salvaguardado el Estado de Derecho? ¿Prima la separación de poderes, esencia fundamental del mismo? O, por el contrario, ¿nos hemos adentrado irremisiblemente en el gobierno del jurisconsulto, en el que son los jueces los que libérrimamente interpretan las leyes según su entender generando decisiones inapelables?
Razonablemente puede sostenerse que la segunda opción es la que probablemente hace acto de presencia. De ello no quedan exentos de culpa los partidos políticos, que con desenfreno utilizan los tribunales cuando desde la oposición ven que se imponen tesis contrarias a las suyas. No puede aceptarse sin protestar que un juez impida lo que el de lo contencioso administrativo de Palma está bloqueando. Ha sido jaleado por la derecha en la oposición, como cuando la izquierda, en similar tesitura, aplaudió la irrupción de otros jueces en la vida política del momento.
Proponen las instituciones y por los vericuetos legales al uso, los jueces toman las decisiones finales, las que limpian, fijan y dan esplendor.
