Las reformas llevadas a cabo en los hoteles mallorquines han empujado una temporada histórica en términos de visitantes, precios al alza, beneficios empresariales y empleo creado. Las ventajas geográficas y de calidad de los servicios de la isla son evidentes, por lo que cualquier apuesta por modernizar y mejorar el turismo redunda en beneficio del crecimiento económico de nuestra comunidad y, por ende, amplía el horizonte de oportunidades de los mallorquines. Precisamente por la necesidad de seguir avanzando en la puesta al día del producto turístico, hay que monitorizar de forma escrupulosa todo aquello que incida en contra de la principal fuente de riqueza y trabajo de las Baleares, ya sea como consecuencia de una excesiva presión de visitantes -algo que este verano ha podido llegar a ser evidente en algunos lugares-, de un eventual empeoramiento de los servicios o de la incipiente turismofobia. O, por supuesto, como es el caso destapado por Diario de Mallorca esta semana, de un fraude masivo presuntamente cometido por turistas británicos por medio del cual disfrutaban de vacaciones gratis en nuestra isla. El montante total de las pérdidas para el sector hotelero podría alcanzar los cincuenta millones de euros anuales, pero más grave aún que la quiebra económica que provoca en las cuentas de las empresas afectadas es la tipología de turismo que atrae: de baja calidad y dispuesto a utilizar el engaño y la mentira para lograr unas vacaciones gratis.

Leamos la letra pequeña de la noticia: de acuerdo con el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Palma, existirían redes organizadas que ofrecen a los turistas la oportunidad de presentar falsas demandas de intoxicación alimentaria contra los hoteles todo incluido aprovechándose de la laxitud de la justicia del Reino Unido ante este tipo de reclamaciones. Por supuesto, nada de ello sería posible sin bufetes de abogados británicos especializados en presentar este tipo de demandas. Internet y las redes sociales facilitan la extensión de la estafalas redes sociales facilitan la extensión de la estafa, que se ha detectado, además de en Balears, en otras comunidades autónomas de nuestro país como sería el caso del archipiélago canario y, en general, de todo el Levante peninsular.

Con el delito hay que ser especialmente inflexibles y desacreditarlo de inmediato. Si las cadenas hoteleras superan con nota las inspecciones sanitarias y no se han declarado alertas médicas u hospitalarias, resulta especialmente sospechosa la cantidad de afectados por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que se alojan en Mallorca. Las denuncias presentadas por los hoteleros mallorquines deben ser investigadas con rigor para evitar la proliferación de un timo que daña la imagen de la isla timo que daña la imagen de la isla y, a largo, plazo sólo puede jugar en nuestra contra. Pero, al mismo tiempo, es preciso exigir que las autoridades autonómicas incrementen el control alimentario en todo tipo de establecimientos comerciales. Si con la salud no se juega, deberíamos añadir que con la calidad de los servicios tampoco. Lo que, una vez más, demuestra la necesidad de que lo público y lo privado vayan de la mano y se complementen. Frenar una cultura del fraude que ha hecho de la denuncia de falsas intoxicaciones un negocio de cincuenta millones de euros anuales tiene que servir para reforzar nuestro producto y mejorar aún más la calidad y la competitividad de esta industria, que es central para Balears.