La apertura de un expediente sancionador por parte del Govern balear al articulista Juan Antonio Horrach es un auténtico abuso de poder, una forma de intervencionismo del todo vergonzoso para quien lo practica, además de un fracaso. Por mucho que un artículo sea criticable, no tenemos derecho a cercenar la economía de su autor ni a maltratar su nombre. Está claro que el instinto censor sigue vigente y goza de muy buena salud. Y este detalle, todos los que escribimos en prensa, debemos tenerlo en cuenta y, por descontado, tratar de resistirnos al anestesiante vapor de la corrección política, cuyo nombre parece inofensivo, pero que en el fondo oculta toda una voluntad de amansamiento generalizado. Que un gobierno castigue con una durísima sanción económica a un columnista por la sencilla razón de que el artículo en cuestión le chirríe, no deja de ser algo muy preocupante. No estamos hablando del clásico censor ceñudo y algo gris al que, sin duda, se le podía escapar alguna sutileza del censurado. No, estamos hablando del censor progre que está a todas horas acechando posibles infracciones o comportamientos que no cuadren con los códigos establecidos en su peculiar catecismo. Si no gusta el artículo, existen otros medios para darle respuesta y combatirlo, pero nunca mediante un durísimo expediente sancionador por parte de un gobierno autonómico. Un intervencionismo con leves tintes inquisitoriales.
Porque una cosa es dar pábulo a los cafres profesionales, ésos que se ceban con alguna víctima propiciatoria y se apuntan con un entusiasmo febril al linchamiento de rigor, y otra muy distinta vigilar con lupa a quien piensa distinto de uno con el objetivo único de pillarlo en falta y, acto seguido, aplicarle una multa de aquí te espero. Es la nueva curia, muy laica, por supuesto, pero igualmente vigilante y con un ánimo censor y castigador que no puede ocultar a pesar de que trate de maquillar la censura con un ropaje progre y relajado. Esa izquierda aparentemente guay, pero a la que se le rompe la cintura con demasiada facilidad y que acaba revelando sus maneras más ásperas y reaccionarias. Ese tipo de actitudes fiscalizadoras pretenden la operación siguiente: que el opinante se aplique a sí mismo la censura. Es decir, que practique la autocensura. Y eso, de algún modo, está bien para quienes tengan la lengua caliente, el insulto y la ofensa fácil. Basta con echar un vistazo a las redes sociales y comprobaremos cómo arden, como bien dice Juan Soto Ivars.
Que el Govern balear se inmiscuya en lo que opina un columnista y, además, le castigue con una multa capaz de arruinar al afectado, no deja de ser un modo inquisitorial de conducirse. Eso sí, siempre bajo el paraguas de la santa corrección, no ya política, sino casi mental. Si la excesiva incorrección política puede desembocar en la grosería y en la obscenidad, así como en la ofensa y en el insulto gratuitos, la excesiva corrección política nos puede llevar directamente, y sin pasar por aduana ni por taquilla, al correccional. Ello no quiere decir en absoluto que uno suscriba los modos expresivos de Horrach en su polémica columna. El articulista, además, ya se disculpó en público. Pero del otro lado, hubo silencio y un posterior ajuste de cuentas en forma de apertura de expediente con la consecuente penalización económica. No. De lo que se trata es de retratar y de denunciar los modos del Govern balear. Todo un atropello, civil y económico que, evidentemente, no es ni puede ser de recibo.
Esta claro que en el gobierno de la sacrosanta izquierda se practican con soltura la intromisión, las purgas y el castigo. Y este caso, el abuso de poder. Todo ello revela su fracaso, su ridículo, pero también su talante neoinquisidor, digámoslo así, disparando al columnista.
