El debate sobre el alquiler turístico resulta esencial de cara al futuro de Mallorca. Para bien y para mal, las tecnologías están impulsando una nueva cultura del ocio que transforma profundamente la textura de las regiones y las ciudades. Un ejemplo claro lo tenemos en la peligrosa sobresaturación de algunas playas y algunos rincones vírgenes de la isla. Otro ejemplo sería la oferta cada vez más amplia de arrendamiento turístico a través de distintas páginas webs. Esta modalidad ofrece evidentes efectos positivos, como la puesta en valor de determinados inmuebles, la llegada de inversiones que permiten ir reformando y modernizando las viviendas y una cierta democratización de la riqueza que conlleva el turismo. Sin ir más lejos, se puede hablar de un antes y un después en los pueblos del interior de Mallorca, que ahora ven cómo los visitantes pasean por sus calles, llenan los bares y compran en sus comercios. Pero consecuencias negativas también las hay y algunas de ellas resultan especialmente perniciosas. Pensemos tanto en la escasez de oferta que ahoga el alquiler de largo plazo como en la subida explosiva que ocasiona en los precios. La ausencia de un alquiler abundante a coste razonable supone mermar la competitividad de nuestra economía -para empezar porque será difícil atraer mano de obra- y fractura la sociedad entre los que tienen acceso a una vivienda de calidad y el resto. No se trata, desde luego, de un debate privativo de Balears, sino de un auténtico fenómeno global -de Londres a Amsterdam, de París a Barcelona- que, a causa de nuestra condición insular, nos afecta de un modo más intenso.
La ausencia de una normativa clara sobre el alquiler turístico constituye, por tanto, un problema objetivo a la vez que subjetivo. Es decir, altera -para bien y para mal- la estructura industrial y económica de las islas y, a su vez, es percibida por buena parte de la población como un hecho que incide sobre nuestra calidad de vida. De ahí que se hayan puesto tantas expectativas en la nueva ley de arrendamiento turístico impulsada por el Govern balear y que, sin embargo, si no se corrige a última hora, sólo cabrá calificarla de fiasco. No se puede legislar para no clarificar, introduciendo aún una mayor confusión entre los ciudadanos. El caos que supone la decisión de Podemos de dejar el arrendamiento turístico en edificios plurifamiliares dentro de una especie de limbo jurídico que ni autoriza ni prohíbe subraya algunos de los males que aquejan al actual ejecutivo balear. Por un lado, ha quedado patente la falta de liderazgo del vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, a la hora de sacar adelante uno de los proyectos estrella de la legislatura. Por otro, sorprende la actitud de la presidenta Armengol que hasta el momento ha eludido dar explicaciones públicas ante este evidente fracaso del Govern. Si a Barceló le corresponde liderar la iniciativa como conseller de Turismo, aún más tiene que hacerlo la presidenta al ser la máxima autoridad autonómica. Finalmente, la imprescindible coordinación con Podemos -principal apoyo parlamentario del Pacte- ha vuelto a pecar de insuficiente, demostrando las notables dificultades de la formación morada a la hora de concretar políticas de hecho que sean eficaces. Por supuesto, no se trata de cuestionar las ideas, pero sí de exigir capacidad de gestión política, lo cual a su vez implica un sano sentido de la realidad. Sólo cabe confiar en que, durante los próximos días, se logre reformar en positivo una ley que, en palabras del propio vicepresidente, no tiene ni pies ni cabeza.
