El mes de julio de 1997 fue prodigo en emociones. El día 1 fue liberado Ortega Lara y el 13 de ese mismo mes se produjo el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El primero de ellos, funcionario de prisiones y militante del PP, fue liberado tras un largo secuestro a cargo de ETA que exigía al Gobierno para devolverle la libertad el traslado de los presos de la banda a cárceles del País Vasco. Y el segundo, concejal del PP en el ayuntamiento de Ermua, fue asesinado de dos tiros en la cabeza tras haber transcurrido 48 horas secuestrado sin que el Gobierno que presidía Aznar se aviniese a decretar el traslado de los presos de la banda a cárceles del País Vasco.
Hay quien interpreta , como Mayor Oreja que era entonces ministro del Interior, que el segundo de los crímenes fue una venganza por el fracaso de la primera operación, y que desde el minuto uno supo que no se podía hacer nada para impedir lo que él define como un "asesinato a cámara lenta". Entre otras cosas, porque el Gobierno no debía ceder ante un chantaje que sería interpretado por el mundo abertzale como un signo de debilidad. En cualquier caso, eso forma parte del juego subterráneo que solo interesa a la clase política en ejercicio. Pero el común de la gente (entre la que me incluyo) los vio, y los padeció, como dos actos de despiadada crueldad.
La palidez atónita del rostro de Ortega Lara, cuando emergía del agujero donde estuvo enterrado en vida, y su extrema delgadez, son una imagen que nunca olvidaremos. Más aún, después de haber visto las miserables condiciones en que sus carceleros lo habían mantenido durante 532 días. Y algo parecido, pero más deprimente todavía, sentimos al conocer el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que causó una conmoción nacional como pocas veces se conoció. La muerte del concejal, y las circunstancias trágicas en las que se produjo, dieron paso a lo que se llamó el "espíritu de Ermua", que quiso simbolizar una fugaz unión de los partidos respecto de la lucha contra el terrorismo.
Después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, aun hubo que contabilizar otros 62 muertos en atentados, el último de ellos hace siete años tras el anuncio unilateral por parte de ETA del cese definitivo de la violencia. Por eso resulta lamentable que hayamos vuelto a meter a los muertos, y a su memoria, en el debate político. Como acaba de suceder en Madrid, donde la alcaldesa Manuela Carmena fue insultada y abucheada en público por no haber colgado del balcón municipal una pancarta en recuerdo de Miguel Ángel Blanco como pretendía el PP. La alcaldesa, que participó en los actos de homenaje a su memoria y del resto de víctimas, argumenta que no se ha de destacar a una víctima por encima de las demás.
En las tertulias de la radio le han llamado de todo y la vicepresidenta del Gobierno hasta dudó de su "sensibilidad humana". La señora Carmena no es sospechosa de simpatía hacia los terroristas, como dicen algunos bárbaros. Ella misma fue objetivo del terrorismo de extrema derecha, primero, y del de ETA después en su condición de magistrada.
