El célebre editorial de The New York Times sobre el conflicto de Cataluña es, como parece natural, opinable. Es difícil de creer que el autor de la pieza periodística conozca los pormenores del derecho constitucional europeo con relación al concepto de soberanía, la evolución de los códigos napoleónicos, el rastro del derecho romano, la propia historia pormenorizada de Europa? Pero sí hay en el referido editorial una recomendación certera e incontrovertible: la dirigida al Gobierno central en el sentido de que otorgue a Cataluña un mejor trato económico y que negocie de buena fe con los líderes catalanes para encontrar una solución política antes que confiar en una interpretación restrictiva de la Constitución por parte de los tribunales.
Dicho en otros términos, el gobierno español tiene que tomar conciencia de que, con referéndum o sin él, con independentistas activos o resignados, hay una mayoría de catalanes -una mayoría, sí- insatisfechos con su situación y con el encaje que Cataluña mantiene en el conjunto de la nación española, por lo que es preciso emprender un valiente proceso negociador para complacerlos, para resolver la situación de injusticia en que muchos de ellos creen encontrarse y buscar un nuevo equilibrio institucional entre Cataluña y el Estado que aplaque el conflicto, disuada a los extremistas y complazca a la mayoría. La negativa al referéndum, que apoya -esta es la verdad- la mayoría de los españoles y la mayor parte de la comunidad internacional no significa que el generalizado descontento catalán no tenga fundamento ni que el Estado tenga legitimidad para desoírlo o deconocerlo.
