En febrero del pasado año escribí a favor del mantenimiento del monolito de Sa Feixina. Me equivoqué, y quiero rectificar. Hay que tirarlo. Hasta ahora analizaba el asunto buscando una solución satisfactoria, que no perfecta, para una mayoría amplia. Consideraba que la decisión que tomó el consistorio presidido por la socialista Aina Calvo era la adecuada. Se despojó el monumento de toda simbología fascista en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Además, entendía que en la protección del patrimonio debía funcionar la máxima jurídica in dubio pro reo: ante una duda razonable, se suspendía la pena de muerte del elemento arquitectónico. Estaba equivocado.
Y luego está ese alto funcionario del Consell de Mallorca que ha firmado un informe jurídico en favor de la protección del monolito. Era algo difícil de entender, hasta que nos lo han explicado. Resulta que el tipo tuvo la osadía de aceptar en esa misma institución un cargo de confianza a propuesta del PP. Queda así demostrado su interés partidista y su nulo criterio técnico. En realidad, de esta manera también demolemos de un solo golpe el sentido de la función pública, pero un contubernio de la trascendencia del de Sa Feixina bien lo merece. Eso sí, habrá un efecto colateral: el agravio a los centenares de funcionarios que han ocupado cargos de designación directa en gobiernos de todos los colores, que de un plumazo ven desaparecer la presunción de independencia en su trabajo. Porque es de suponer que a partir de ahora todos esos empleados públicos quedarán contaminados, bajo sospecha, no sólo los peperos. El peligro que conlleva esta forma de desprestigio profesional estriba en la dificultad de fijar los límites para evitar las injusticias. Por ejemplo, a un periodista no se le debería negar la capacidad de opinar sin poner en duda su honestidad por haber estado en su día a sueldo de Maria Antonia Munar. A mí eso me parecería un atropello.
Según parece este funcionario asustó al resto de miembros de la comisión técnica, menos a uno, al pronunciar la palabra prevaricación. Es algo que dice poco en favor de toda esa gente, que a pesar de tener el puesto de trabajo asegurado fuera cual fuese su voto, se sintieron presionados y se achantaron aun teniendo clarísima la legalidad del derribo. Por consiguiente y a sensu contrario, estamos apuntando hacia otra prevaricación. Lo que de ningún modo constituyó una forma de presión hacia los técnicos fue la presencia de numeroso público con pancartas en una exigua sala de reuniones. Por fin averiguamos lo que es la transparencia en la nueva política.
También leí con atención en esta página el artículo de Catalina Cantarellas, profesora de Historia del Arte en la UIB y autora en 2009 de un informe sobre el valor patrimonial del monolito en cuestión, en el que concluía que se podía derribar porque su traslado a otro lugar resultaría muy dificultoso. El artículo lo escribía en respuesta al informe jurídico del Consell antes mencionado, y concretamente a las partes del mismo que citaban su trabajo y contradecían su criterio. No es algo muy común que los técnicos empleen la sección de opinión de un periódico para solventar sus desavenencias, de ahí su extraordinario interés. Sin embargo, el artículo de la señora Cantarellas resultaba extraño, un tanto críptico, lleno de sobrentendidos, insinuaciones, puntos suspensivos e interrogaciones. Era breve para un tema tan complejo. Parecía escrito con prisas, como si fuera un encargo incómodo a quitarse de encima ocho años después de su primera valoración. Por eso sus sinuosas explicaciones tampoco contribuyeron a sacarme de mi error.
Pero al fin lo he comprendido. La demolición del monolito de Sa Feixina se reduce a una cuestión de valentía. Lo que hay que hacer es echarle un par de huevos y tirar abajo el mamotreto. Tanto informe, tanta comisión y tantas artimañas leguleyas para permitir que Franco vuelva a ganar. Esto no se puede reducir a un tema de legalidad, y mucho menos a un asunto técnico. Aquí lo que hay que hacer es demostrar quién manda, y punto. Lo que no puede ser es que uno vaya por la vida de progresista, y acabe convertido en un maricomplejines, un cobarde y un traidor a la causa antifascista. Si hay un político que demostró tener unas pelotas como puños, capaz de defender sus ideas incluso contra una parte de sus propios votantes, ese fue José Ramón Bauzá. Otra cosa fueron sus resultados electorales tras esa exhibición de testosterona política. No debería ser menos la izquierda que nos gobierna para hacer cumplir la voluntad del pueblo, tan clamorosa que no precisa ninguna consulta popular que la confirme. Este mecanismo de participación ciudadana queda para asuntos de mayor enjundia, como las terrazas de Es Born. Por eso hay que echarle coraje y desenmascarar de una vez a todos esos fascistas disfrazados de sociedad civil, atrincherados en la administración, en asociaciones vecinales o de defensa del patrimonio. Si Rodrigo de Santos tuvo gónadas hace doce años para demoler con nocturnidad el Pont del Tren, Antoni Noguera no debería quedarse atrás.
Mi vida no cambiará en nada al día siguiente de la demolición. Pero al menos quedará claro hasta dónde es capaz de llegar esta izquierda de las trincheras, tan moderna ella, que se llena la boca de democracia y en contra del autoritarismo, para luego, a la hora de tomar decisiones, apelar a una política testicular tan propia de la extrema derecha. La bola de derribo cayó en desuso hace décadas por el riesgo de su balanceo. El progreso nos lleva a la demolición por pelotas.
